*Hay duplicidad de programas de atención social

Durante la presente Legislatura se han aprobado diversas reformas estructurales que buscan transformar a México, acelerando el crecimiento económico del país y procurando un desarrollo social óptimo que brinde un mejor nivel de vida a todos los mexicanos.

Construir un México incluyente ha sido una labor del gobierno federal, haciendo efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los ciudadanos a través de un mayor acceso a los servicios básicos, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.

En el año 2010, el 46.2 por ciento de los mexicanos se encontraba en una condición de pobreza, tal como lo demuestra las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, publicadas en el citado año, en las que también concluye que la carencia alimentaria sufrió un incremento entre el 2008 y 2010, como consecuencia de una crisis económica y volatilidad en los precios que vivió el escenario internacional, constituyendo la expresión más lacerante de la pobreza extrema.

Aunado a lo anterior, la distribución del ingreso del país representa un reto para el desarrollo nacional y la equidad social.

Los procesos de diseño, gestión, implementación y monitoreo se han trabajado de manera aislada, lo que ha derivado, en consecuencia, en la duplicidad de programas y en una falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, motivo por el cual la articulación interinstitucional ha sido carente en el proceso de transformación social.

Existen programas sociales destinados a abatir la pobreza y la desigualdad en nuestro país, pero su errónea ejecución, así como la incapacidad de los gobiernos locales de nuestro país para hacer frente a sus responsabilidades públicas, han contribuido a generar la condición social en la que se encuentran millones de mexicanos.

Es urgente desarrollar una política social que parta del principio de subsidiariedad para facilitar el acceso de un ente gubernamental que, sin representar una invasión competencial, coadyuve en el cumplimiento de determinadas tareas asistenciales que contribuyan en el beneficio de la colectividad.