*Urge regular sueldos de funcionarios de alto rango
Presenté una iniciativa para la reglamentación de las disposiciones constitucionales que establecen los principios fundamentales para limitar las remuneraciones de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, como así se determinó en el constituyente permanente en el año 2009, cuando se reformaron los artículos 75, 115, 116, 122 y 127 de la propia Constitución.
Sin embargo, hay que decir con toda puntualidad que el artículo principal de esta reforma es el 127, que es parte del capítulo correspondiente a las disposiciones generales que contienen dispositivos comunes para los tres órdenes de gobierno. Por ello es importante que en un corto plazo podamos contar con las bases legales que desarrollen sus principios.
El primero de estos principios se refiere a que ningún servidor público puede recibir una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la República.
Y el segundo de estos principios es que ningún servidor público puede tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, con las excepciones que esta misma ley que se propone prevé.
Es importante que el ejercicio y control presupuestal se haga con criterios que aseguren un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos, y parte de ello tiene que ver con el tema de las remuneraciones de los servidores públicos, las que garanticen, por un lado sus derechos laborales, y por el otro que también garanticen un decoroso nivel de vida en un marco de austeridad.
Por ello es necesario que nuestro sistema jurídico cuente con un instrumento normativo que asegure la congruencia entre las acciones de racionalidad, austeridad, disciplina presupuestaria y transparencia.
Esta iniciativa retoma –hay que reconocerlo– algunos pasajes del texto de la minuta enviada por el Senado de la República en el 2011, y actualiza otra parte en lo que se refiere al sistema nacional anticorrupción. El papel central que en él juega la Auditoría Superior de la Federación y en lo que se refiere al nuevo marco jurídico en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora que estamos en la víspera de la discusión del paquete económico de 2016, cobra mayor relevancia el tema de las remuneraciones de los funcionarios de alto rango en la administración pública en un contexto de crisis económica, escases de recursos fiscales, caída del precio del petróleo y la enorme carga del endeudamiento interno y externo que obligan necesariamente a hacer un uso eficiente de los recursos disponibles destinados al gasto público.
Entendemos, en el contexto de la discusión presupuestal, que el esquema de presupuesto base cero es una oportunidad para reducir al máximo la preventas, los privilegios y los altos sueldos que se tienen en importantes segmentos de la alta burocracia gubernamental.
Es pues, una oportunidad para sentar las bases de una verdadera austeridad republicana al tiempo de sostener el financiamiento público en políticas sociales que garanticen el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, al consumo de agua potable y que garanticen también los apoyos para todas las personas en situación de vulnerabilidad, como las y los adultos mayores, madres solteras, niños, niñas y adolescentes migrantes a las personas con discapacidad a las pensionadas y a los pensionados.
Nosotros vamos a insistir en que no haya privilegios para los funcionarios y gobernantes, y también en impedir que se reduzca la inversión en políticas y programas sociales, en salud, en educación y en infraestructura para el desarrollo.
No debiéramos pues, es nuestra convicción, permitir que haya un mayor dispendio de recursos para mantener privilegios que por el bien de todos debieran destinarse a cubrir las demandas y las enormes carencias de las personas en situación de pobreza. No puede ser, no debiera ser de otra manera.
Por ello, en aras de lograr un amplio consenso en esta materia, en congruencia con nuestra agenda legislativa y tomando en cuenta las necesidades básicas de los mexicanos y de las mexicanas es que proponemos abrir este debate responsablemente y ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa.