*Pelos y señales de la corrupción en México
En el sexenio pasado se exhibieron diversos casos de corrupción de funcionarios y servidores públicos, ya no derivados por las labores de investigación del gobierno federal, más bien por la denuncia del gobierno de los Estados Unidos de América.
En septiembre de 2010, con motivo de investigaciones del gobierno de ese país, se informó que la empresa ABB pagaría una multa por comprobarse caso de soborno a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para la asignación de contratos.
Igualmente, el 14 de marzo de 2012, la empresa MRO de mantenimiento de aeronaves reconoció haber sobornado a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales, la flota aérea de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora, sin que a la fecha se haya informado de sanciones aplicadas a los servidores públicos relacionados.
El 21 de abril de 2012, se dio a conocer que durante el periodo comprendido del año 2001 al 2005, la empresa Wal-Mart sobornó a funcionarios de los tres niveles de gobierno para acelerar la apertura de sus tiendas, sin que se haya deslindado responsabilidad de los funcionarios por parte de los órdenes de gobierno correspondientes.
El 10 de julio de 2012, de nueva cuenta por las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se advirtió el soborno para la asignación de contratos del IMSS.
El común denominador de los casos antes mencionados es que no existe una consecuencia para muchos de los servidores públicos inmiscuidos en estos casos, pues a la fecha no se reporta la existencia con alguna investigación relacionada con esos hechos.
La ausencia de una política efectiva de investigación y sanción a los funcionarios y servidores públicos nulifica cualquier regulación en la materia, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Funcionarios Públicos en 2002, se consideró existían herramientas para la investigación y sanción de las conductas ilícitas de esos servidores públicos; no obstante, la efectividad de la normatividad ha frenado su aplicación.
El dictamen de una reforma que acabamos de discutir refiere implementar en 4 ordenamientos legales distintos, todos ellos relativos a la asignación de contratos a particulares y responsabilidad pública, una figura novedosa consistente en establecer que la sanción resarcitoria a servidores y particulares impuestas en caso de responsabilidades administrativas puedan prorrogar la inhabilitación sujetándose al pago de la sanción.
Con esta medida se pretende aumentar la efectividad de las sanciones resarcitorias lo que en determinados casos podría tener un efecto positivo en la materia.
Sin embargo, de nueva cuenta es de advertir que esta reforma constituye letra muerta hasta en tanto no se establezca un sistema de persecución efectiva de estas actividades inadecuadas; únicamente aumentando la tasa de sanción a los servidores públicos que incurran en una falta se podrá corregir este mal del sistema.
El aumento de penas o la imposición de nuevas penas resultan inútiles mientras que no exista la aplicación efectiva de la normatividad.