*Una vez más se acredita el México impune
Una vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) resolvió reclasificar el expediente del caso Tlatlaya como Investigación de “Violaciones Graves” a Derechos Humanos, se acreditó una vez más la impunidad que se vive en el país sumido en esta grave crisis de justicia que ha marcado a la actual administración federal.
Lamentablemente es la propia entidad natal del ejecutivo, ejemplo de lo que no debe ocurrir en ninguna parte del país, como son los feminicidios, ejecuciones extrajudiciales, torturas y extorsiones, acciones que deben ser combatidas y eliminadas dentro de los cuerpos de seguridad encargados de la prevención de la delincuencia y la procuración de justicia.
En Tlatlaya la CNDH acreditó hechos violatorios consistentes en privación arbitraria de la vida, uso arbitrario de la fuerza, tortura y tratos inhumanos, así como actos violatorios de los derechos a la verdad y al acceso a la justicia por lo que recomendó a las autoridades mexiquenses que tomen en cuenta este hecho en las acciones para eliminar estas prácticas entre sus filas.
Es tiempo ya pasar de la simulación mediática de que se combaten estas prácticas ministeriales para obtener confesiones a modo, mismas que se creían ya erradicadas de las oficinas gubernamentales y que, de acuerdo a testimonios, están más que arraigadas.
Esto confirma la grave crisis de derechos humanos que vive México, que ya se venía acentuando en este siglo de la llamada alternancia y que, en estos dos últimos años, se ha profundizado de manera grave, pese a que se quiso borrar de la opinión pública los datos sobre ejecuciones, extorsiones, secuestros y violaciones de diverso tipo contra la sociedad.
No cabe duda que las cosas no han cambiado para México, que todo fue un montaje mediático para hacernos creer que lo estaban haciendo, pero a los ciudadanos ya no les dan atole con el dedo.
Por ello llamo a los actores políticos a legislar por una verdadera Fiscalía General de la República autónoma del gobierno federal y por un Sistema Nacional Anticorrupción sin dependencia del Ejecutivo, que la combata, para que la paz y la justicia lleguen a todas las familias mexicanas, como es la demanda de la sociedad.