*20 aniversario de los acuerdos de San Andrés Larráinzar
México es una nación pluricultural, lo que se refleja en los 68 pueblos indígenas que lo habitamos y que representan el sustento del origen de nuestra nación. Más de 15 millones de mexicanas somos indígenas.
Fue una declaración de guerra al Estado mexicano, lo que cimbró al país el 1 de enero de 1994. La “Declaración de la Selva Lacandona” no provenía del extranjero, sino de las entrañas de nuestro pueblo mexicano, los indígenas y las indígenas hablamos.
Con ella, el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, se levantó en armas para poner en el centro de la atención nacional y también internacional, la precaria situación de los pueblos indígenas en México y exigir la reivindicación de sus derechos.
Por primera vez, un ejército de indígenas, lograba que el Estado reconociera la deuda histórica con los pueblos originarios, y motivaba a todo el país a defender sus derechos humanos, sociales y políticos.
Históricamente, nuestros pueblos indígenas han sido objeto de múltiples formas de subordinación, desigualdad y discriminación, que los han mantenido en una situación estructural de pobreza, explotación, marginación y exclusión.
Atender el justo reclamo social, era una obligación. Dialogar y alcanzar acuerdos es una necesidad.
El 16 de febrero de 1996, a dos años del levantamiento, se firman los Acuerdos de San Andrés Larráinzar que contenían los compromisos para que la Comisión de Concordia y Pacificación, elaborara una Ley en materia de derechos y cultura indígena que atendiera las demandas de justicia e igualdad, y reconociera a las comunidades y pueblos indígenas como entidades de derecho público, con capacidad para organizarse de manera autónoma.
La iniciativa se hizo, y pese a no recoger en su totalidad los Acuerdos de San Andrés, al dejar de lado temas importantes, el EZLN la aprueba.
No así el gobierno, quien elaboró una nueva propuesta, que contraria al compromiso adquirido en San Andrés, no reconoció la autonomía indígena.
A veinte años de la firma de estos acuerdos, y pese a que la Constitución consagra la igualdad de derechos, y la promoción de un desarrollo integral de las comunidades originarias, la realidad es que no ha habido ningún cambio sustancial.
Las leyes en materia de protección y derechos indígenas, son insuficientes, lo que ha perpetuado circunstancias legales que hacen posible la marginación, la explotación y la discriminación.
Para Nueva Alianza es claro que se requiere una transformación profunda para cambiar la situación que viven las comunidades indígenas en el país y que siguen padeciendo problemas de salud, hambre, pobreza extrema, discriminación, de marginación, pero sobre todo de injusticia.
Hoy como hace 20 años, mueren de enfermedades curables, y no tienen acceso a una educación de calidad. Continúan siendo víctimas de atropellos sistemáticos a sus derechos individuales y colectivos. Son despojados y desterrados de sus territorios, sus costumbres y sus recursos naturales.
No obstante a ello, hoy es tiempo de que sean plenamente reconocidos, valorados y respetados sus derechos. De no hacerlo, ahondará la brecha de desigualdad e injusticia social, porque hoy como hace 20 años, consolidar sus derechos económicos, políticos y sociales, sigue siendo una deuda pendiente.
Como juarista lo digo, ¿estamos dispuestos a pagar esa deuda? Honremos a nuestros ancestros.