*Brutal burla social programa de Sedesol
El monto asignado al programa “Apoyo Alimentario SINHambre” no se puede considerar suficiente para abatir esta problemática, ya que la tarjeta es otorgada por familia y el subsidio, que asciende a 528 pesos, se entrega cada bimestre.
Conforme al valor de la canasta básica alimentaria, esa cantidad no cubre ni siquiera la necesidad alimentaria básica de una persona, y mucho menos puede ofrecer un beneficio medible por familia.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la evolución mensual del valor de la canasta alimentaria de enero 2006 a mayo 2014, muestra que el monto mínimo al mes que se requiere para adquirir una canasta básica alimentaria, es de mil 220.29 pesos mensuales para las zonas urbanas, y de 851.87, en las rurales.
La tarjeta SINHambre resulta ser incongruente respecto al beneficio que otorga, pues los derechohabientes que reciben la transferencia económica de 528 pesos que, a través de la compra en las tiendas comunitarias Diconsa se convierten en 638 pesos en productos, sólo se puede realizar el consumo en una sola exhibición o en forma dosificada durante el bimestre.
Por ello presenté un punto de acuerdo en la Comisión Permanente para que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) modifique el nombre de la tarjeta “SINHambre”, por resultar incongruente con el beneficio que otorga.
Además, rinda un informe sobre el uso del presupuesto asignado, así como del impacto en los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, sobre todo decir hasta qué punto las actividades culturales que ha impulsado, han tenido impacto en las metas de la estrategia.
De acuerdo con el CONEVAL, no hay todavía una evaluación interna de hasta qué punto las actividades culturales que ha impulsado la cruzada, como concursos de cortometrajes y de fotografía y conciertos, entre otros, han tenido efecto en los objetivos de la estrategia, especialmente en el de participación social.
Es evidente que no hay claridad sobre el impacto que han tenido los programas y las acciones para eliminar el hambre o la manera en la que han aportado al fomento de la participación social.
¿Cómo se puede demostrar a los ciudadanos que el destinar 114 millones de pesos para la adquisición de uniformes con la imagen institucional ha servido para contribuir a la disminución del hambre en lugar de estar siendo utilizados, quizá, para incrementar el monto que se otorga en alguno de los programas?
El gasto social debe destinarse a actividades que generen un beneficio social tangible, por lo que el Congreso de la Unión debe estar atento a gastos irracionales que impliquen dejar de atender a los más pobres.
Es responsabilidad de los legisladores velar por los intereses de los mexicanos y pedir resultados de las acciones que se promueven en beneficio de la sociedad.