*Grave decisión en contra de los ciudadanos
La más reciente decisión del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), relacionada con la resolución de la mayoría de no interponer la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones, configura un precedente grave en contra de los ciudadanos.
Es de sorprender que los comisionados hayan ido en contra de los derechos de millones de mexicanos usuarios de los servicios de las telecomunicaciones, al no constituirse como garantes de sus derechos humanos por ser usuarios de los servicios de telefonía celular, uso de internet, ya que merecen respeto y privacía en todas las comunicaciones de voz o escritas que realicen con sus celulares, correo electrónico o de otras formas de comunicación en las redes sociales.
En particular por lo que toca al uso de celular, en todo momento estarán geolocalizables los ciudadanos, por lo que sus datos y localización estarán a disposición de las autoridades administrativas, judiciales o de seguridad.
Más aún, los datos de sus llamadas y mensajes a través de la red, estarán almacenados por parte de las compañías prestadoras de servicios telefónicos, así como de servicios de internet hasta por dos años, por lo que el gobierno se ha constituido en una entidad violatoria de toda privacidad para a las comunicaciones personales y privadas del ciudadano, violando no solo leyes nacionales, sino también el marco internacional de derechos humanos que tenemos todos.
En síntesis, la libertad de la que todos gozamos ha quedado anulada por Enrique Peña Nieto, quien podrá inmiscuirse en todo lo que digamos por teléfono fijo o de celular, correos electrónicos, chats, uso de redes sociales como Facebook y usarlo incluso en nuestra contra.
Estaremos ante un esquema que incluso supera las etapas más críticas de gobiernos represivos como Díaz Ordaz, pues les preocupa la comunicación política que ha trascendido a las redes sociales, en donde uno puede expresarse con toda libertad, dejando atrás la televisión, la radio o el periódico, en donde solo existe una voz, la de los dueños de los medios de comunicación y de sus voceros, no encontraron ahora alternativa que bloquear el uso de medios alternativas de comunicación, lo cual es verdaderamente grave y atentatorio de las libertades civiles y políticas.