*Fiscalía Especial para Tlatlaya y Apatzingán
La sistemática violación de derechos humanos que se vive en México, la cual se ha confirmado en casos como los asesinatos colectivos en Tlatlaya, Estado de México, y Apatzingán, Michoacán, deberían obligar al Estado mexicano a responder, de manera adecuada, con los instrumentos legales de que dispone.
Además, cumplir en forma efectiva el marco internacional que México ha suscrito como miembro de organismos mundiales.
Como integrante del Poder Legislativo, y en aras de contribuir a que el Estado mexicano cumpla con obligaciones internacionales, presenté un punto de acuerdo para que el Poder Ejecutivo Federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), designe un Fiscal Especial por las ejecuciones extrajudiciales o sumarias ocurridas en Tlatlaya y Apatzingán.
Sin prejuzgar sobre la condición de cada ciudadano, lo menos que se merece cualquier persona es que resulte muerta sin un argumento de peso y creíble ante la acción del Estado, pues las condiciones de inseguridad en el país hacen imprescindible que todo aquel acto en el que se advierta la participación de la delincuencia o de defensa propia de pobladores, se aclare escrupulosamente, lo que no ha sucedido en Tlatlaya y Apatzingán.
En ambos casos se intentó encubrir los hechos del asesinato de más de 30 civiles, con versiones oficiales alejadas de la realidad, ajustando las escenas del crimen y desvirtuando la participación real del Ejército y la Policía Federal.
Ciertamente, el contexto de guerra que viven amplias regiones del país, derivado de la lucha contra la delincuencia, nos hace ser cautos respecto de los eventos que en ese ámbito suceden.
Empero en los temas de Tlatlaya y Apatzingán, las versiones inicialmente dadas por el gobierno federal se han ido modificando hasta desvanecerse y se ubica casi en el plano de la ejecución de civiles, lo que de suyo es inaceptable para un régimen en el que prevalezca el Estado derecho.