*Acelerado crecimiento de casinos

Debido a la necesidad impostergable de actualizar la normatividad que regula el funcionamiento de los casinos, la Cámara de Diputados aprobó una nueva legislación que busca combatir los establecimientos ilegales, la adicción patológica al juego desde edades tempranas y el lavado de dinero.

Celebramos la creación de la nueva Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, toda vez que hemos observado un crecimiento acelerado de este tipo de establecimientos y es nuestro deber sentar las bases legales para fomentar el juego responsable, el interés superior de la salud y la máxima transparencia.

Una vez que sea aprobada por el Senado y entre en vigor, quedará prohibida la entrada a los casinos a todos los menores de 21 años, pues es vital salvaguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, porque deben ser considerados como parte de un sector muy vulnerable a caer en la adicción al juego, también conocida como ludopatía.

En este sentido, nos parece un gran triunfo la desaparición de las máquinas tragamonedas, mismas que han proliferado en misceláneas, farmacias, tianguis y otros lugares, donde se encuentran al alcance de menores. Se estima que hoy día hay más de 250 mil por todo el país.

Asimismo, la creación del Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, que sustituirá a la actual Dirección General de Juegos y Sorteos, éste tendrá la facultad de otorgar permisos e implementar operativos de verificación, pues contará con un cuerpo de inspectores certificados.

Dicho Instituto también podrá imponer sanciones como multas que van de los 500 a los 200 mil días de salario mínimo y penas privativas de la libertad que podrán alcanzar hasta 10 años de cárcel, además de la clausura temporal o definitiva de los establecimientos en cuestión o la revocación del permiso.

Celebramos especialmente que por primera vez se regulen actividades como los juegos de apuestas en línea, además que se prohíba la instalación de cajeros automáticos en casinos. Otra medida a destacar es la creación de la figura de ‘autoexclusión’, que permitirá a una persona -o sus familiares- se registre ante las autoridades, para que se les impida el acceso a este tipo de establecimientos.