*Decreto que expide la Ley Federal de Juegos y Sorteos
En la comisión de Gobernación que presido aprobamos el dictamen del proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyo objetivo es regular este sector a fin de salvaguardar los derechos de los participantes y otorgar seguridad jurídica a los permisionarios.
El dictamen apunta que en 1947 fue promulgada la Ley Federal de Juegos y Sorteos vigente, que se compone de sólo 17 artículos. Tiene 67 años de vigencia, y nunca ha sido objeto de reforma alguna.
En los considerandos del ordenamiento, que consta de 216 artículos y 12 transitorios, se precisa que la industria de los juegos con apuesta y sorteos es una realidad en nuestro país. Por tanto el presente proyecto propone modificar el paradigma semi-prohibicionista de la Ley vigente.
En su lugar, se pone énfasis en dos cuestiones: evitar que esta industria sea un medio de financiamiento y apoyo para actividades ilícitas, y proteger a los jugadores de la adición patológica a los juegos con apuesta.
De esta forma, el presente proyecto da respuesta a un reclamo de la sociedad y la industria: juego legal, controlado y con alta responsabilidad social. El Estado no promueve estas actividades, pero tampoco niega su existencia, lo que constituye una precondición para la regulación en la materia”, subraya.
Para dar cumplimiento a la norma, se crearía el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, autoridad encargada de regular este sector en México, y determinará a quienes debe otorgarse un permiso para la realización de las actividades previstas en la Ley, verificar que se lleven a cabo de acuerdo a las disposiciones y, de no ser así, aplicar las sanciones que correspondan.
A quienes infrinjan sus disposiciones, la norma plantea multas de quinientos a doscientos mil días de salario mínimo; pena de dos a 10 años de prisión; amonestación; aseguramiento definitivo de máquinas, instrumentos, soportes o software de cualquier tipo utilizados para celebrar un juego con apuesta o sorteo en cualquiera de sus tipos.
También, bloqueo del protocolo de Internet; bloqueo electrónico de pagos; clausura temporal o definitiva del establecimiento, y revocación del permiso.
Entre las novedades del ordenamiento, se encuentra la regulación de las máquinas tragamonedas. Especifica que deberán estar homologadas y que sólo podrán instalarse en un establecimiento que cuente con el permiso correspondiente.
Asimismo, establece que las máquinas que incumplan dichos requisitos podrán ser aseguradas inmediatamente. De esta manera, se pretende salvaguardar los derechos de las personas, para evitar que jueguen con máquinas desprovistas de cualquier control o regulación.
Por otra parte, regula el juego en línea. Exige medidas para garantizar los derechos de los usuarios e impone requisitos a los permisionarios.
Estos últimos, entre otros aspectos, deberán establecer su sitio electrónico bajo el dominio “com.mx”, el cual contará con los mecanismos o sistemas necesarios para garantizar que todas las actividades de juego en línea se atiendan desde ese sitio.
Para explotar juego en línea, el permisionario deberá instalar en territorio nacional un sistema computacional que respalde íntegramente y en tiempo real la información que se establezca en los reglamentos correspondientes.
Entre los objetivos del nuevo ordenamiento se encuentra la salvaguarda de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, ya que “una de las preocupaciones es evitar los efectos potencialmente dañinos del juego en niños, adolescentes, personas con discapacidad mental, o de quienes sufran alguna adicción como la ludopatía.
Para prevenir esto, se contempla que el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos coordine y vigile la aplicación del programa de autoexclusión del juego, al que cualquier persona podrá incorporarse libremente, que impida el acceso a cualquier área en la que se celebren juegos con apuesta, incluida la dimensión del juego en línea.
Por otro lado, establece las bases para el ejercicio responsable del juego y los sorteos, así como señalar derechos y obligaciones para los participantes, permisionarios y operadores. Un elemento central para garantizar el juego responsable es la existencia de una regulación clara sobre los derechos y las obligaciones de los permisionarios.
Para ello, esta Ley precisa qué requisitos deben cumplir los permisionarios para poder acceder a esta actividad, así como señalar los límites de su actuar, las prohibiciones y las consecuencias de infringir la ley.