*El DF tendrá su propia Constitución
La Ciudad de México tendrá su propia Constitución Política que regirá la conducción del Estado, lo cual proporcionará estabilidad a las reglas que determina la forma en que se ejerce el poder público por parte de los órganos Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la ciudad; y a su vez, dotará de una herramienta política para reconocer y proteger los derechos fundamentales, preservar las libertades y dotar de seguridad a la sociedad de la aún Distrito Federal.
Otro aspecto relevante es la eliminación de la figura jurídica de las delegaciones políticas y la creación de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las cuales serán encabezadas por un alcalde y concejales, lo que proporcionará a dichas demarcaciones mayor autonomía de la que gozan el día de hoy dejando de ser administraciones unipersonales y abriendo la posibilidad de la pluralidad de ideas y de la representación de todas las formas de pensamiento.
Otro cambio fundamental se sustenta en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convertirá, con base en el artículo 122, apartado A, fracción II, en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales como el resto de los Congresos Estatales, formando parte del constituyente.
A la vez que democratizará su forma de gobierno debiendo establecerse para ello en la Constitución Política de la ciudad, las normas que garanticen el acceso a todos los Grupos Parlamentarios, los órganos de gobierno del Congreso Local y a los de mayor representación a la Presidencia de los mismos.
Sin duda, la reforma constitucional política del Distrito Federal conlleva grandes avances basados principalmente en el goce de una autonomía inédita, debido a que el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y a los servicios de salud, por lo tanto, recibirá más recursos por parte del gobierno federal para programas sociales.
Una expresión importante de autonomía en materia de seguridad y justicia, la cual el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza celebra como una de las aportaciones que representa un gran avance, consiste en que el Ejecutivo local podrá nombrar libremente a los titulares de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, ya que actualmente el Presidente de la República debe dar su visto bueno, tal y como se estipula en el artículo 122.
En el mismo sentido, se saluda desde una óptica democrática y federalista, el espíritu autónomo de la reforma que busca eliminar la facultad del Senado para remover libremente de su cargo al Jefe de Gobierno, tal y como lo establece actualmente la Constitución al derogar la fracción IX del artículo 76, la cual establece la facultad del Senado para remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.