*Beneficios al pueblo con nueva Ley de Amparo
Una década atrás me tocó escuchar una ponencia del fallecido ministro José de Jesús Gudiño Pelayo donde reflexionaba sobre la primera sentencia dictada en materia de amparo hace 164 años y de los cambios que esta institución ha venido sufrido en el país.
El Ministro, en su ensayo, también tocaba aquella famosa sentencia Morelos, que trata de la tesis de la incompetencia de origen. Esta tesis dictada el 11 de abril de 1874, motivó una lúcida discusión que enfrentó a dos grandes juristas a menos en el papel.
José María Iglesias e Ignacio Vallarta, la posición triunfadora sería la de Vallarta, convirtiendo en un dogma la improcedencia de las cuestiones políticas en la vía de amparo, y que sigue hoy vigente.
Gudiño Pelayo dejó al final de su trabajo un párrafo que no tiene desperdicio, y que quiero compartirles porque viene a colación y lo cito:
“La incompetencia de origen murió, pero quizá, gracias a ello, el amparo se salvó y pudo sobrevivir al Porfiriato, a la Revolución Mexicana y a todos los regímenes postrevolucionarios. La vida de México ha cambiado, vivimos realidades nuevas e inéditas, ¿seguirán vigentes en este tiempo los paradigmas sobre los cuales se estructuró y formuló el juicio de amparo en el siglo XIX y XX?
¿Cuáles son los paradigmas que deben cambiarse y en qué deben consistir los nuevos para adaptar al amparo a las necesidades del México actual? Y dijo el Ministro: Aún lo ignoro, es necesario discutirlo”, fin de la cita.
Y discutirlo es lo que el Congreso de la Unión ha venido haciendo en los últimos años, dando origen a una reforma constitucional, aprobada el 6 de junio de 2011 y la necesidad de crear una nueva Ley de Amparo.
Acción Nacional llega a esta nueva coyuntura histórica, conscientes de la importancia de nuestras aportaciones a las aportaciones a la transformación del régimen jurídico mexicano, conscientes del largo camino que aún queda por recorrer y ampliando el marco de protección del juicio de amparo, de acuerdo con la lógica internacional que lo ha extendido también a los derechos humanos.
Estos objetivos fundamentales fueron aprobados por la colegisladora y por la Comisión de Justicia en un dictamen que propone la figura de una nueva Ley de Amparo.
Esta nueva Ley de Amparo amplía la protección de los ciudadanos frente a la autoridad y agiliza la tramitación y garantiza el acceso democrático a la justicia.
Esta nueva Ley de Amparo beneficia a los ciudadanos que no puedan pagar un abogado, al aplicar de manera universal una resolución que declare la inconstitucionalidad una norma.
Esta nueva Ley de Amparo asegura que la única garantía que tenemos los mexicanos frente a la autoridad se ejerza de manera correcta.
Esta nueva Ley de Amparo moderniza las instituciones de este país, al permitir la tramitación electrónica del juicio de amparo y la digitalización de todos los expedientes para garantizar mayor transparencia y prontitud en el acceso a la justicia.
Esta nueva Ley de Amparo le quita a los delincuentes la posibilidad de defenderse contra el Estado, pues no podrán obtener suspensiones cuando el Estado vaya en contra de sus bienes.
Esta nueva Ley de Amparo otorga a los ciudadanos el doble de tiempo para presentar sus juicios y defenderse con mayor oportunidad.