*Preocupante reducción de abasto de agua
Debemos estar conscientes que en las últimas décadas, el acceso al agua ha sido reducido de manera preocupante, tanto en calidad como en cantidad, provocando efectos negativos en todos los ecosistemas.
A esta situación, que de por si es crítica de los recursos hídricos, se suman los daños ambientales derivados del cambio climático, consecuencia del incremento de los desastres naturales.
Estos daños los observamos en la recientes sequías, heladas e inundaciones que impactaron a más de 20 estados del país y causaron la pérdida de millones de hectáreas en la producción agrícola, la muerte de miles de cabezas de ganado, la acentuación de la pobreza y la desigualdad en las comunidades rurales, mismas donde la producción agrícola es casi única para la subsistencia.
Es menester señalar que millones de mexicanos carecen de acceso al agua o en el mejor de los casos, recorren grandes distancias para tenerla, resultando que el sector más pobre de la población es quien paga más por el vital líquido, agudizando con esto los problemas de pobreza y desigualdad social, generando innumerables conflictos sociales con los pueblos originarios y todos los habitantes de las entidades federativas.
En agosto de 2007, el Ejecutivo federal presentó el Programa Nacional Hídrico 2007-2012, señalando que los ejes principales de tan ambicioso programa serían: a) mejorar la productividad del agua en el Sector Agrícola; b) incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento; c) promover el manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y acuíferos; e) consolidar la participación de los usuarios y la sociedad organizada en el manejo del agua; f) promover la cultura de su buen uso; prevenir los riesgos derivados de fenómenos hidrometeorológicos y atender sus efectos; g) evaluar los efectos del cambio climático; entre otros muchos más.
Al momento, escasos resultados se observan del programa: sólo hace falta echar una mirada a los problemas que enfrentan estados y municipios, que no logran dar sustentabilidad a los proyectos hídricos e hidráulicos.
Los organismos de cuenca (según información de la propia Conagua) operan con números rojos, las concesiones autorizadas superan la capacidad hídrica del país y no hay coordinación entre los tres órdenes de gobierno que permita concretar una política hídrica que dé respuesta a las necesidades locales y nacionales.
Lo anterior, hace urgente la revisión de la política hídrica partiendo de una visión integral que integre los problemas económicos, políticos, ambientales y sociales en el manejo del recurso.
Por ello planteamos que esta revisión contemple como principios básicos el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes, como un derecho humano; frenar y revertir la sobre explotación de los mantos acuíferos, atender de manera prioritaria la condición vulnerable de la población más desprotegida, o de los estados expuestos a daños por fenómenos meteorológicos y garantizar que el manejo integral de los recursos hidráulicos se sustente en una estrategia real de descentralización, como establece el artículo 115 constitucional.
Estrategias que resultarían posibles con la participación de los legisladores que integramos el Congreso de la Unión en el diseño e implementación del Programa Nacional Hídrico.