*Fenómeno en su trágica dimensión
Es urgente resolver desapariciones forzadas en México que el Comité de la ONU considera de carácter generalizado.
Consideramos que las observaciones a México emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) constituyen una oportunidad para atender integralmente este fenómeno en su trágica dimensión.
Como han insistido las organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a los derechos humanos, es necesario reconocer el carácter generalizado de las desapariciones forzadas e involuntarias, como hoy afirma el CED.
Una muestra de este hecho es el informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que en 2014 abrió 315 expedientes por desaparición forzada o involuntaria, que involucran a 436 presuntas víctimas, tan sólo de los casos de los que tuvo conocimiento dicho órgano.
El caso paradigmático de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de manera forzada, ha puesto en evidencia la impunidad que favorece a las autoridades que son omisas o indiferentes ante cada caso que se reporta, así como la ausencia de sistemas estadísticos sobre personas desaparecidas y de protocolos obligatorios para emprender la búsqueda inmediata de las víctimas. De continuar esta tendencia, otro caso similar podría ocurrir en cualquier momento.
A lo largo de esta Legislatura hemos exigido lo que hoy el CED confirma: se necesita una tipificación estricta a nivel nacional y su homologación absoluta a nivel local, instrumentos de búsqueda e investigación, sistemas informáticos y bases de datos para actualizar las tareas de agentes del Estado, así como la aprobación urgente de la competencia del CED para recibir quejas individuales e interestatales.
El carácter generalizado de las desapariciones forzadas entraña la posibilidad de que los casos puedan llegar a la Corte Penal Internacional como crímenes de lesa humanidad, de no ser atendidos en la jurisdicción nacional. Es necesario ajustar el marco legal para cumplir con el Estatuto de Roma y poder establecer una relación adecuada con ese tribunal internacional, como hemos propuesto reiteradamente en el ámbito legislativo.
Por estas razones lamentamos las actitudes contradictorias del Gobierno Federal, que en su misión a Ginebra manifestó a la ONU disponibilidad a resolver los pendientes en materia de desapariciones, pero hoy las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Defensa Nacional rechazan, sin fundamento, el diagnóstico y las propuestas del CED.
Por nuestra parte, como integrantes de Poder Legislativo, aceptamos públicamente las observaciones y nos comprometemos a trabajar por su cumplimiento sin ningún pretexto en aras de la justicia, la reparación y la verdad para las víctimas directas e indirectas de desaparición forzada o involuntaria.