*Urge la equidad socioeconómica
En el Encuentro Nacional de Mujeres de los Pueblos Indígenas se dijo: La autonomía para nosotras implica el derecho a ser nosotras como mujeres, a capacitarnos, buscar espacios y mecanismos para ser escuchadas en las asambleas comunitarias y tener cargos.
“Igualmente implica enfrentarnos al miedo que tenemos nosotras para atrevernos a tomar decisiones y a participar.”
Me siento gratamente distinguido al participar en esta ceremonia inaugural que en el marco del aniversario del derecho al voto femenino se dedica a mujeres y a comunidades indígenas como binomio para la justicia electoral.
Ciertamente este tercer milenio es testigo de las nuevas responsabilidades y quehaceres que protagonizan las mujeres del siglo XXI en torno a un derecho fundamental de la democracia: la ciudadanía plena.
Empero esta condición cívica para la mujer es más amplia que votar y ser votada, pues conlleva no sólo la igualdad en derechos políticos sino también la equidad socioeconómica.
Efectivamente, la ciudadanía integral de la mujer se traduce actualmente en su representación política igualitaria y en estándares de bienestar apropiados.
Al respecto cabe señalar que es innegable que las mujeres mexicanas desempeñan al tiempo de este relevante onomástico un papel esencial en la organización política y en el desarrollo nacional del país.
Sin embargo, su intervención cívica y su contribución política en la población indígena continúa siendo insuficiente e inequitativa.
Dicho sector se trata de uno de los más desfavorecidos, pues usualmente sus niveles de vida están por debajo del promedio nacional y de los estándares internacionales mínimos.
Tristemente esa precariedad afecta en mayor medida a la mujer indígena con independencia de la comunidad a la que pertenezcan.
Normalmente esa desigualdad de género obedece a patrones culturales que la sitúan en desventaja familiar y laboral, de forma que no tienen ni acceso a recursos económicos ni capacidad de acción política.
De esta manera si incumple con el artículo segundo Constitucional que garantiza la participación de la mujer indígena en condiciones de equidad frente a los hombres y que obliga a promover su desarrollo y participación en la toma de decisiones.
Ese contexto inaceptable requiere que todas las autoridades en los tres órdenes de gobierno hagan efectiva su verdadera inclusión en la vida política tanto comunitaria como estatal.
Sobre el particular la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas indica que al derecho de la libre determinación política le acompañan el de perseguir libremente el desarrollo económico, social y cultural, así como para disponer de medios para financiar su autonomía.
Todo esto sin perjuicio del disfrute de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Afortunadamente el carácter único, indivisible y pluricultural de México le confiere a sus pueblos indígenas la capacidad de decidir su organización política y para elegir a sus gobernantes de acuerdo con su tradición y autonomía.
De este modo esas comunidades tienen derecho a conservar sus instituciones propias y a participar de manera simultánea en la vida general del Estado.
En este sentido el denominado “Derecho Consuetudinario Indígena” es parte consustancial de nuestro régimen constitucional. No obstante la prevaleciente situación de la mujer indígena exige ir más allá del mero reconocimiento de sus derechos políticos, tal como lo demanda la Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo, adoptada en la Cuarta Conferencia Mundial Sobre la Mujer.
En ese documento a la par de otros instrumentos internacionales ratificados por México se exhorta a incrementar la participación de la mujer indígena en la organización social y política, además de erradicar la discriminación familiar, social e institucional de la que es objeto.
No cabe duda que sólo a través del establecimiento de esa fórmula integral es como se permitirá armonizar su libre determinación con el ejercicio real de sus derechos político-electorales.
Esa visión democrática basada en la igualdad demanda políticas públicas que vinculen la aportación comunitaria de la mujer indígena con su vida política, así como la incorporación de la perspectiva de género en los partidos políticos y en las plataformas electorales.
En todo caso, ese ejercicio de consolidación democrática requiere que se promueva su formación permanente en conocimientos y en auto estima, además de programas públicos y educativos que posibiliten que la sociedad reconozca su composición multiétnica.
Por último, se deberán proteger no sólo las acciones afirmativas establecidas en la ley para el acceso efectivo a cargos públicos sino también destinar recursos suficientes y oportunos para ese propósito.
Innegablemente la historia de nuestros pueblos indígenas es un motivo de gran orgullo, su herencia representan los pilares sobre los cuales se constituyó nuestro rico pasado, se cimienta nuestro presente democrático y se solventará nuestro futuro desarrollo.
Precisamente por esta composición plural de carácter originario, la sociedad mexicana no alcanzará a ser verdaderamente incluyente mientras subsistan condiciones de pobreza, marginación y exclusión social entre los pueblos indígenas, especialmente de sus niñas y mujeres.
En resumen, estos pueblos tienen derecho a ser y seguir siendo diferentes, pero como mexicanos todos tenemos la corresponsabilidad compartida de respetar sus derechos fundamentales, de promover su representatividad política, de fomentar su desarrollo económico y de preservar su invaluable riqueza cultural que es patrimonio de toda la humanidad.
Especialmente resulta primordial la participación de la mujer indígena mexicana en los cargos públicos y en la toma de decisiones a fin de superar el sentido legítimo histórico de reclamo, de justicia social.
Por todo lo expuesto estoy seguro que este magnífico evento al que comparecen expertos de reconocido prestigio nacional, internacional será sumamente beneficioso pues abordará uno de los asuntos que demandan de manera urgente el compromiso y la acción por igual de todos los mexicanos.
Para finalizar me permito leer un párrafo de la Declaración de las Mujeres Indígenas del Mundo, que encierra no sólo belleza gramatical sino toda una profunda verdad.
“Nosotras, las mujeres de los pueblos originarios hemos protegido y continuaremos protegiendo, hemos transmitido y continuaremos transmitiendo, hemos desarrollado y continuaremos desarrollando nuestra convicción indígena, nuestra ciencia y tecnología, nuestro arte y cultura y nuestros sistemas sociopolíticos y económicos que armonizan con las leyes naturales.
Mantenemos los valores éticos y estéticos y el conocimiento, la filosofía, la espiritualidad que conservan y nutren a la madre tierra”.