Los derechos humanos están por encima del Estado porque son inherentes a la naturaleza de todas las personas y debe sancionarse a los servidores públicos que los violen o dejen de observarlos en el ejercicio de sus funciones, afirmó el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Sergio A. Valls Hernández.
Al impartir la conferencia magistral Las Recientes Reformas Constitucionales en Materia de Derechos Humanos, el Presidente de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional precisó que al Poder Judicial de la Federación (PJF) le corresponde promover el impulso de una cultura jurídica que manifieste el respeto a los derechos humanos; abstenerse de emitir resoluciones que priven a las personas de sus derechos y garantizar que todas las personas, sin distinción alguna, tengan acceso a una justicia pronta, completa e imparcial basada en los derechos humanos, así como velar por la efectiva reparación del daño a las víctimas.
Debido a lo anterior, dijo, deriva la importancia que tienen los jueces de proteger de una manera más eficaz los derechos humanos. Sin embargo, subrayó, todas las autoridades tienen esa misma obligación.
“Con esta reforma se deja en claro que el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos no corresponde solamente a los Poderes de la Unión, sino a todas las autoridades que conforman el Estado mexicano”, expresó.
El Ministro Valls Hernández destacó que las modificaciones a la Carta Magna, de 2011, han afianzado y modernizado el marco jurídico nacional lo que ha provocado un impacto en la labor del Poder Judicial Federal.
Explicó que para una mejor elaboración de sentencias, se ha llevado a cabo una continua capacitación del personal jurisdiccional en materia de derechos humanos y del sistema interamericano de protección de los mismos, así como la creación de un programa de formación sobre el debido juzgamiento de hechos constitutivos de desaparición forzada de personas.
“La tarea de prepararnos es de todos para resolver de la mejor manera, los problemas que se nos presentan a fin de servir a la ciudadanía, toda vez que el futuro del amparo está en la interpretación congruente que hagamos en cada caso.
“Así, tras las nuevas reformas, nuestro papel de jueces ya no implica la simple aplicación de la ley, sino el deber de velar por el respeto a los derechos de todas las personas”, subrayó.
Manifestó que si bien, en los últimos años México ha dado pasos importantes a fin de salvaguardar los derechos humanos, aún falta mucho por hacer.
“Sabemos que la puesta en práctica de estas reformas conllevan un periodo de ajustes, más aún porque se irán consolidando sobre la marcha, a través de las resoluciones que se vayan dictando y los criterios de jurisprudencia que surjan”, concluyó.