El hecho de que un patrón en un juicio laboral modifique la duración de la jornada laboral con la que ofertó el empleo, sin que rebase los máximos legales permitidos en la hora de entrada y salida de un trabajador, incluso comprendiendo menos horas a las aducidas por este, no implica necesariamente que la propuesta haya sido de buena fe.
Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al resolver una contradicción de tesis entre tribunales colegiados de Circuito.
Explicó que la circunstancia de que el patrón no esté de acuerdo en la hora de entrada y salida de la fuente del empleo, fijándolas fuera del horario que hubiera señalado el trabajador en una demanda, lleva a que con fundamento en la Ley Federal del Trabajo, el patrón tenga la carga de acreditar su afirmación de que el obrero se desempeñaba en esa jornada.
Sólo de esta manera, comentaron los ministros, revelará que la disminución del horario, aunque variando la hora de entrada y salida, no produce perjuicio al obrero y que, por eso, su oferta de trabajo en condiciones diferentes a las señaladas por el actor, debe considerarse de buena fe.
Lo anterior, dijeron, debido a que dicha modificación, de entrada y salida, cuando está fuera de la jornada que señaló el trabajador, le puede causar perjuicio al no permitirle disponer de su tiempo en el horario que tenía cuando estuvo vigente la relación laboral.
Por esa razón, agregaron, el patrón, sólo mediante la justificación de la veracidad de la controversia que suscite respecto al horario de trabajo, y la continuidad o discontinuidad de la jornada laboral, podrá evidenciar su buena fe al ofrecer el trabajo.
De lo contrario, afirmó la Sala, debe estimarse que la modificación de referencia, cuando no es acreditada por el patrón, es lesiva de los derechos del trabajador a regresar con una jornada idéntica dentro de la legal, a la que tenía antes de entablar la demanda laboral.
Es decir, habrá mala fe cuando se llegue a determinar que la intención del patrón es burlar la norma que le impone la carga de probar la justificación del despido, o desalentar al trabajador para que cese en su reclamo, concluyeron los ministros.