El derecho de réplica, contenido en el artículo Sexto constitucional, es la verdadera solución para evitar las calumnias y denostaciones entre los candidatos en las campañas políticas, lo cual permite garantizar procesos electorales transparentes y equitativos, aseguró Manuel González Oropeza, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Al participar en el panel de discusión “La Ley General reglamentaria del artículo Sexto constitucional”, subrayó que ante la ausencia de ésta, que debió ser emitida desde el 30 de abril de 2008, los juzgadores deberán fijar los parámetros jurídicos que garanticen el ejercicio efectivo, los límites y la naturaleza de este derecho.
En ese sentido, manifestó su confianza en que se elaboren novedosas leyes estatales sobre los temas contenidos en dicho artículo, que establece el derecho a la información, de libertad de expresión y de réplica, ya que toda disposición constitucional debe ser complementada por normas particulares en el ámbito local.
En el marco del Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2014 “Perspectiva y desafíos de la reforma constitucional”, señaló que la libertad de expresión que se ejerce en las campañas políticas debe tener un límite legal y no sancionatorio, como lo establece la materia electoral.
Ante ello, consideró que “el futuro de la libertad de expresión en este país está en el derecho de réplica, ya que una buena réplica vale más que una sanción”.
González Oropeza hizo referencia a diversas resoluciones en las que el TEPJF ha garantizado esto, en las cuales, incluso, ha fijado criterios novedosos, como la instrucción que se dio al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) para pronunciarse respecto de una solicitud sobre el tema, que formuló un partido político en Sonora, el cual se sintió agraviado por supuestos mensajes denigratorios realizados por otro instituto político.
Por su parte, José Antonio Caballero Juárez, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó que en atención a la nueva legislación, las autoridades tienen la obligación de garantizar el acceso a la información, pero en armonía con la protección de los datos personales.
Al respecto, Pedro Salazar Ugarte, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirmó que la reciente reforma robusteció el derecho constitucional a la información y lo puso en sintonía con los documentos en la materia, además de que confirmó la autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), como órgano garante de la transparencia.
Mientras tanto, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, jueza del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, comentó que la reforma posiciona el derecho fundamental de acceso a la información, y fortalece la democracia y el Estado de derecho.
En su intervención, Jesús Antonio Sepúlveda Castro, Juez Sexto de Distrito en materia civil en el estado de Jalisco, quien fungió como moderador, dijo que con la nueva reforma en materia de transparencia se ha dado un paso muy importante para combatir la corrupción, ya que constitucionalizó el acceso a la información.
Durante tres días de actividades, el Seminario organizado por el TEPJF, la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reunió como ponentes a magistradas y magistrados, juezas y jueces, consejeras y consejeros, comisionadas y comisionados, catedráticos, investigadores y especialistas en materia electoral.