El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA-Internacional), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Instituto Nacional Electoral (INE) analizan los desafíos que impone el financiamiento político y la importancia de construir herramientas que permitan regularlo para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las elecciones e instituciones.
En la inauguración de la “Conferencia Global sobre Financiamiento Político” participaron Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del TEPJF; Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE; Yves Leterme, secretario General de IDEA-Internacional; Mari Kiviniemi, secretaria General Adjunta de la OCDE, y Daniel Zovatto, director regional para el programa de América Latina y el Caribe de IDEA-Internacional.
El costo de la democracia es alto en países que aún no han consolidado el proceso para hacer efectivos los derechos humanos básicos en una sociedad
El Magistrado Presidente aseguró que debemos contar con una objetiva rendición de cuentas en todos los tramos de la actividad pública, en la que se desarrollan los procesos electorales para lograr la confianza de la sociedad en los comicios, y el fundamento esencial para ello, dijo, es el financiamiento político sano.
Carrasco Daza señaló que se requiere un esquema de fiscalización eficaz, que permita generar un balance entre el inevitable costo de nuestra democracia y los beneficios que deben producirse con su materialización, por lo cual se requiere arribar a las mejores prácticas partiendo de la visión de la ciudadanía.
Expresó que una sociedad de derechos exige un escenario igualitario, incluyente e informado, capaz de proveer credibilidad y confianza en el actuar público. Ante ello, la dinámica que encierra la política debe reconocerse como garante de la tranquilidad y la seguridad social.
Sostuvo que la construcción de una democracia material es una asignatura fundamental en la formación y permanencia de los Estados nacionales y adquiere su óptima manifestación cuando alcanza la satisfacción de los derechos programáticos básicos, como insumos mínimos para el bienestar de la mayoría de la sociedad.
Señaló que la trascendencia de la Conferencia radica en que las autoridades electorales tanto jurisdiccional y administrativa –TEPJF e INE- así como al auditorio asistente, abreven de la experiencia que compartirán con entidades internacionales como el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral –IDEA Internacional- así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE-, dado que el financiamiento político es un componente esencial de una democracia global y exige por tanto, legitimidad social y del concierto universal democrático.
En presencia de María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza, magistrada y magistrado de la Sala Superior, respectivamente, así como de Magistradas y Magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, Carrasco Daza comentó que amplios sectores de la sociedad perciben de manera valida en México que el alto costo de la democracia no encuentra proporción con el nivel de bienestar que debe asegurar el Estado.
“El ejercicio de votar y ser votados no se ve hoy como solución a los problemas inmediatos que aquejan a la sociedad. La efectividad del ejercicio de estos derechos emergen como una precondición para hacer efectivos todos los demás derechos programáticos”, agregó.
Las elecciones de 2015 fueron la prueba del ácido para la instrumentación del sistema electoral
Por su parte, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), consideró que “las elecciones de 2015 fueron la prueba de ácido de este modelo, con resultados satisfactorios”. Precisó que por primera vez se revisó un total de 12 mil informes de gastos de campaña de candidatos a diputados federales y candidatos a cargos locales en sólo 45 días posteriores a la jornada electoral.
Advirtió que entre los desafíos que la autoridad electoral tiene hacia el futuro se encuentra: “terminar de construir el sistema electoral mexicano; repensar qué vamos a hacer con las candidaturas independientes y su financiamiento, así como analizar, sin estridencias ni prejuicios, los montos del financiamiento de los partidos políticos. Si se cierra demasiado la llave del financiamiento público, el remedio será peor que la medicina y los partidos políticos irán a buscarlo a donde no queremos”.
Necesario adoptar buenas prácticas para ejercer el financiamiento público
Al hacer uso de la palabra, Daniel Zovatto, director regional para el programa de América Latina y el Caribe de IDEA-Internacional, sostuvo que el dinero es indispensable para el funcionamiento del sistema político, pero se debe garantizar un uso transparente y eficiente para garantizar la salud de la democracia y lograr elecciones integrales equitativas y justas. Ante ello, se deben fortalecer mecanismos de control y el régimen de sanciones para proteger a la política así como a los comicios de la influencia de recursos de procedencia ilícita.
Al respecto, Yves Leterme, secretario general de IDEA-Internacional y ex primer ministro de Bélgica, manifestó que para el funcionamiento adecuado de la democracia es necesario construir herramientas que establezcan límites en gastos de campañas y al financiamiento privado. Además, éstas deben favorecer el acceso igualitario y equitativo al financiamiento público.
En tanto, Mari Kiviniemi, secretaria general adjunta de la OCDE y ex primera ministra de Finlandia, consideró que el financiamiento público no está regulado lo suficiente, por ello se requieren herramientas que permitan atacar los riesgos derivados del financiamiento y que favorezcan el cumplimiento de la ley, lo cual redundará en la confianza de la ciudadanía en las elecciones, en las instituciones y en las autoridades.