Magistrados, dirigentes partidistas, legisladoras, especialistas de organismos internacionales y académicos se pronunciaron a favor de impulsar las reformas legislativas que sean necesarias para que se establezca la igualdad de género, al tiempo que reconocieron los avances logrados en nuestro país en esta materia gracias a la sentencia anti Juanitas emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Los participantes en la mesa de análisis “Armonización legislativa”, realizada en el marco de la conmemoración del 60 Aniversario del Voto Femenino en México, que se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica “Emeterio de la Garza” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en Monterrey, Nuevo León, señalaron que la sentencia SUP-JDC-12624/2011, abrió la puerta para que los partidos políticos establezcan en sus Estatutos las cuotas de género.
Asimismo, destacaron la necesidad de adecuar las leyes electorales locales para que las cuotas de género se respeten en todas las entidades federativas del país, se garanticen presupuestos e inversiones que sean sensibles a los asuntos de género y se logre una activa participación de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos del poder público.
Al evento, que fue inaugurado por Javier Garza y Garza, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), asistieron Marco Antonio Zavala Arredondo, magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey del TEPJF; la diputada local Carolina María Garza Guerra, y María Elena Chapa, directora de Programas del Instituto Estatal de las Mujeres de la entidad.
Yairsinio David García Ortiz, magistrado de la Sala Regional Monterrey del máximo organismo jurisdiccional en materia electoral del país, quien fungió como moderador de la mesa “Armonización Legislativa”, reconoció: “Hay mucho por hacer para que las leyes de todos los estados establezcan la equidad como un derecho”, apuntó.
En su oportunidad, Ivonne Ortega Pacheco, secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso seguir impulsando leyes y mecanismos que fortalezcan el entramado de políticas públicas.
“Es necesario que integremos plenamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los sectores del país”, dijo.
Patricio Ballados Villagómez, director del área de Gobernabilidad Democrática del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), dijo que la participación política de las mujeres es fundamental para fortalecer la democracia, por lo que propuso abrir las cuotas en las elecciones municipales.
Por su parte, Teresa Hevia Rocha, consultora independiente, insistió en que la paridad debe quedar establecida en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Los panelistas coincidieron en la necesidad de adecuar el marco normativo de nuestro país a las reglas establecidas por los tratados internacionales en esta materia con el objetivo de eliminar medidas discriminatorias, garantizar el pleno acceso de la mujer a los puestos de elección popular y establecer la igualdad sustantiva.
En una sociedad democrática debe existir igualdad entre hombres y mujeres
Por otro lado, panelistas que participaron en la mesa de análisis Derechos políticos. Realidades y retos, que se realizó en el auditorio “Abel Villicaña Estrada” de la Escuela Judicial del Estado de México, expresaron que el derecho de todas las personas a participar en el gobierno de un país y acceder a cargos públicos está vinculado con la democracia y establecido en la Constitución. Por lo que en una sociedad democrática debe existir la igualdad entre hombres y mujeres.
Los especialistas coincidieron en que los vacíos legales, la educación, así como los usos y costumbres han impedido la paridad de género en todos los ámbitos de la vida pública, por lo que, señalaron, el reto es que las mujeres no dejen de reclamar sus derechos y los hagan valer ante las instancias electorales o gubernamentales a través de mecanismos legales así como culturales.
Al hacer uso de la palabra, Juan Carlos Silva Adaya, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF, señaló que a pesar de contar con instrumentos jurídicos establecidos en la Constitución y en los ordenamientos internacionales para garantizar la igualdad de género, aún imperan aspectos culturales y de diseño institucional que han impedido la plena inclusión de las mujeres a la vida política y pública.
“La causa de las mujeres deber ser la causa de todos, por lo que los partidos políticos y las instituciones debemos garantizar la paridad de género sin la necesidad de que exista una norma que lo establezca, tal como ya ha ocurrido en algunos consejos locales del Instituto Federal Electoral (IFE), que se han convertido en modelo a seguir en esta materia, por incluir a igual número de hombres y mujeres en sus estructuras por iniciativa propia”, citó el magistrado de la Sala Regional correspondiente a la V Circunscripción del TEPJF.
En su oportunidad, Alfredo Cristalinas Kaulitz, director general de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos del IFE, afirmó que el primer obstáculo al que se enfrentan las mujeres que quieren acceder a un cargo público es al financiamiento de sus campañas. Lo anterior, porque aún hay barreras que impiden que ellas tengan el mismo nivel de capital que los hombres.
Ante presidentes de tribunales electorales y laborales, así como de consejeros de la judicatura mexiquense, Cristalinas Kaulitz, sostuvo que en las últimas revisiones de gastos a los partidos políticos, la Unidad de Fiscalización rechazó varios informes al descubrir que los recursos etiquetados para la capacitación y fomento del liderazgo de las mujeres se utilizaron para otros fines, de ahí que es necesario, enfatizó, que se realice una revisión continua con perspectiva de género para que los institutos políticos garanticen la equidad.
Óscar Francisco Muñoz Barrera, subconsejero jurídico normativo del gobierno de Chiapas, puntualizó que a través de sus sentencias el TEPJF ha generado acciones contundentes para hacer realidad la perspectiva de género; sin embargo no han sido suficientes ya que los partidos políticos se valen de cualquier herramienta para excluir a las mujeres desde sus bases o para incumplir las cuotas.
Al presentar cifras que permiten tener un panorama de la participación femenina en la vida pública, María Irene Castellanos Mijangos, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), comentó que “aun con acciones afirmativas no hemos podido saldar esa brecha que nos sigue separando de los hombres, ya que la presencia de la mujer en los órganos de decisión sigue siendo muy baja.
Paula Adriana Soto Maldonado, directora de participación social y política del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y Virginia Valdés Chávez, magistrada especializada en violencia de género del Poder Judicial del Estado de México, quien participó como moderadora, destacaron la inminente la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar el derecho de las mujeres ya que es imposible, comentaron, pensar en un estado democrático que no incluye en la toma de decisiones al 50% de la población que ellas representan.