Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que el principio de seguridad jurídica es un elemento indispensable en la construcción de un Estado democrático de derecho, pues limita la actuación del poder público a normas preestablecidas y protege al ciudadano de cualquier arbitrariedad que pudiera llegar a cometerse en perjuicio de su persona.
En el marco de la Feria Internacional del Libro 2014, durante la presentación del libro Seguridad jurídica en el sistema democrático, del cual es coordinador, el Magistrado aseguró que en un mundo globalizado en el que la protección de los derechos humanos y la dignidad de las personas es una prioridad, se vuelve necesario mantener un constante diálogo y reflexión al respecto, a fin de perfeccionar y consolidar el sistema jurisdiccional y la democracia.
Tras señalar que el tema es de gran relevancia para el desarrollo social, político y económico, Penagos López anunció que esa obra inaugura la colección Derecho y Democracia, que tiene por objeto la difusión de obras en las que se aborden temas vinculados con los retos del Estado democrático constitucional del Siglo XXI.
Deber del juez el humanizar la labor actividad judicial
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que la seguridad jurídica es un instrumento garantista para hacer efectiva la protección humana. La razón del derecho, dijo, es la tutela otorgada a cada una de las personas.
Manifestó que “para garantizar la protección de los derechos humanos se requieren buenas leyes pero también buenos jueces que apliquen el marco constitucional legal acorde a las modificaciones que se vayan realizando”.
Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que los impartidores de justicia, con su actuación, abonan al principio de seguridad jurídica, por lo que tienen el compromiso de hacer más humana la actividad judicial.
Subrayó que cada juez es un intérprete de la Constitución y de la ley con facultades para ináplicar las normas que no garanticen la protección de las personas, por lo que debe ser prudente ante esta atribución para que actúe pensando en la protección de los derechos humanos y no en protagonismos personales.
Al comentar la obra, Jaime del Arenal Fenochio, embajador de México en la República del Ecuador, expuso que el libro es producto de la reflexión y análisis de la realidad cambiante en materia jurídica por parte de un grupo de especialistas, encabezados por el magistrado Penagos López, que se interesan en la correcta aplicación de la justicia en la sociedad.
Por otro lado, al dictar la conferencia magistral: “El test en el control de convencionalidad de las leyes y jurisprudencia”, Ernesto Rey Cantor, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia, sostuvo que un tribunal constitucional tiene la facultad confrontar la jurisprudencia nacional con la internacional e inaplicar las normas establecidas en la Constitución que no garanticen la protección de los derechos humanos.
Un juez, dijo, siempre debe buscar la protección más favorable a la persona, por lo que en casos donde la norma local no garantice esta premisa, se debe recurrir a la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CoIDH) y armonizar las leyes internacionales con las locales.
Al hacer uso de la palabra, Íñigo Fernández Baptista, coordinador General de Asesores el TEPJF, dijo que no se puede concebir un tribunal constitucional sin la existencia de un control de convencionalidad.
Las actividades de la Feria Internacional del Libro 2014 del TEPJF fueron clausuradas con la tertulia literaria “100 años de Octavio Paz y su impacto en la transición democrática en México”.
En ella participaron Salvador Robles Cruz, titular de la Dirección General de Administración Regional del TEPJF; Daniel Leyva Santiago, encargado de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura del Instituto Politécnico Nacional (IPN); Lidia Camacho Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional, y Fernando Villaseñor Rodríguez, profesor e investigador de la University of British Columbia, en Vancouver, Canadá.