México tiene una democracia formal y consolidada gracias a las constantes reformas constitucionales que actualizan el marco normativo y robustecen a las instituciones electorales con nuevas facultades para que resuelvan los problemas con mayor efectividad, aseguró Salvador Nava Gomar, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Hoy tenemos normas que hace unas décadas serían impensables e instituciones que funcionan de manera eficaz, mismas que contribuyen a sofisticar las leyes”, dijo.
Comentó que la Sala Superior del TEPJF emitió 57 opiniones, para que la reciente reforma político-electoral cumpliera el objetivo de garantizar la equidad en la contienda y la certeza en los resultados electorales.
Al participar en la mesa “México: Reformas y justicia 2014 y elecciones 2015”, en el marco del seminario internacional "Elecciones, reformas y justicia: análisis regional 2013-2015", Nava Gomar indicó que una muestra de la fortaleza institucional, es la doctrina jurisprudencial de respecto a los derechos fundamentales de la ciudadanía que ha desarrollado el TEPJF al emitir sus resoluciones.
El Tribunal contribuye a resolver los conflictos internos de los partidos políticos
El Magistrado de la Sala Superior refirió que de noviembre de 2006 a la fecha, el máximo organismo jurisdiccional en materia electoral del país ha resuelto poco más de 112 mil asuntos, de los cuales, 70% corresponden a problemas de la vida interna de los partidos políticos.
En estos casos, dijo, el Tribunal Electoral ha emitido sentencias con las que ha garantizado el ejercicio pleno de los derechos de los militantes.
Destacó que en materia electoral se cuenta con una jurisprudencia en la que se establece que los actos de partidos políticos serán sujetos de revisión cuando se violen los derechos de la ciudadanía; sin embargo, consideró que esta situación convierte a “la democracia, en México, en una situación de alta litigiosidad, sobrejurificada y extracontensiosa”.
Nava Gomar expuso que ante una democracia de alta litigiosidad, donde la mayoría de los juicios derivan de conflictos al interior de los partidos políticos, se han elaborado normas más sofisticadas, derechos más generosos y mecanismos de acceso a la tutela judicial efectiva para tener un Tribunal Constitucional que ponga fin a los conflictos electorales.
En la mesa participaron César Astudillo Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Erik Muñoz Lozano, magistrado presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua (TEEC), quienes coincidieron en señalar que la nueva distribución de competencias establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley de Delitos Electorales contribuirán a la consolidación de la democracia, así como a generar estándares de calidad y transparencia.