La efectiva protección de los derechos humanos requiere de un análisis serio sobre la trascendencia de las penas que privan de la libertad a las mujeres y las implicaciones que la suspensión de sus prerrogativas político-electorales tienen para la transición a la democracia, afirmó Constancio Carrasco Daza, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante la inauguración del Foro Internacional “Derechos políticos y ciudadanía de mujeres privadas de la libertad”, en el auditorio Jose Luis de la Peza de la Sala Superior, José Luis Ceballos Daza, titular de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del TEPJF, dio lectura al mensaje que el magistrado Carrasco Daza envió con motivo de dicho evento.
En su ponencia, el Magistrado Presidente del máximo organismo jurisdiccional en materia electoral del país aseguró que el tema abordado en el foro constituye una asignatura impostergable para la tutela efectiva de los derechos humanos.
“Aún en el nuevo escenario de protección constitucional y convencional de los derechos humanos parece no estar a debate el estudio concreto y serio de la trascendencia que representa la pena o sanción privativa de la libertad de la mujer y su impacto en la transición democrática”, afirmó.
Carrasco Daza destacó la necesidad de analizar a profundidad la forma en que se debe enfrentar la suspensión de los derechos políticos y el cumplimiento de la pena, la forma de readaptación social de las mujeres y, sobre todo, la forma de mitigar su ausencia cuando se les aleja del núcleo familiar.
Subrayó la firme vocación de conciliar un sistema punitivo eficaz con una realidad inminente de la mujer en nuestro entorno social, en el que se constituye como piedra angular la familia, y forma parte de la encomienda básica que tiene un Tribunal constitucional en materia de tutela de los derechos políticos.
En este sentido, precisó que aunque en el texto de nuestra Constitución se encuentra establecido el principio de igualdad entre mujeres y hombres, en el plano material se registran diferencias entre ambos géneros en la protección y desarrollo de la familia, mismos que una tutela efectiva de los derechos fundamentales debe reconocer.
El magistrado Carrasco Daza estableció que el sistema de justicia penal aún no se ha ocupado de este tema, por lo que la forma o modalidad en que la mujer es objeto de sanción debe estar en la mesa de análisis. “Es momento de que las instituciones volteen la mirada a la identificación de las características de las mujeres”, precisó.
En su oportunidad, Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), reconoció los criterios progresistas del organismo jurisdiccional en la materia, al tiempo que destacó la iniciativa del TEPJF para analizar un tema que aún no es abordado de manera adecuada ni suficiente.
La especialista señaló que la suspensión de los derechos político-electorales de las mujeres que cumplen una pena consistente en la privación de la libertad, está basada en principios viejos, mientras que en la actualidad, explicó, se debe establecer que la prisión es una sanción a la que no se deben sumar otras, además de reconocer las situaciones específicas de las mujeres.
Por su parte, la embajadora Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, quien hizo la declaratoria formal de inauguración del Foro Internacional, aseguró que es necesario analizar la situación particular de las mujeres en prisión, con la finalidad de que puedan ejercer todos sus derechos político-electorales.
Asimismo, precisó que uno de los retos en materia de equidad de género es erradicar la discriminación de las mujeres en los medios de comunicación, así como dar un enfoque de derechos humanos en el tratamiento de las sanciones a ese importante sector de la sociedad.