Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), aseguró que para construir un modelo de comunicación política exitoso no se requieren tantas reglas sino el fortalecimiento de la vocación y la cultura democrática.
“La regulación es restrictiva, está sobrerregulado, es exagerado y antidemocrático, estamos matando a la política. Ahora resulta que los políticos no pueden decir qué es lo que están haciendo ni responder a los opositores, cuyo principal papel en una democracia es criticar al gobierno y a las mayorías parlamentarias y el papel del gobierno y las mayorías parlamentarias es defender lo que están haciendo”, explicó.
Al participar en la Mesa 5: “Propaganda Institucional y Neutralidad Gubernamental”, en el marco del Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, perspectivas, retos del procedimiento sancionador electoral y la libertad de expresión en materia política, Nava Gomar expuso que la vocación y la cultura evitaría la construcción de tantas reglas para garantizar la equidad en la contienda.
“Nos hace falta vocación y cultura y no tantas reglas, porque tenemos muchísimas, estamos sobrerregulados”, dijo.
El magistrado expresó que en cada proceso electoral, el Poder Legislativo realiza modificaciones y se suman restricciones, pero en el caso de los partidos buscan cómo “bordear estas restricciones”.
Nava Gomar comentó que la intervención del organismo jurisdiccional ha sido relevante para resolver controversias durante los procesos electorales y garantizar la equidad en la contienda.
Durante el evento que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el magistrado Salvador Nava detalló que la confianza de los actores se evidencia en las estadísticas, las cuales reflejan que, en nueve años, la Sala Superior y las Salas Regionales han resuelto 137 mil 640 asuntos.
Las restricciones han generado alta litigiosidad
En su intervención en el panel, María Marván Laborde, coordinadora de Derecho Electoral del IIJ, aseguró que el sistema político-electoral del país tiene grandes restricciones y cargas administrativas, pero sólo ha derivado en una alta litigiosidad.
“El litigio es parte de la estrategia de los partidos, da visibilidad mediática y arranca con las elecciones, en donde los partidos y candidatos suman una serie de quejas que se van resolviendo, para que al final se pueda decir: la elección fue inequitativa, por lo tanto no debería proceder la elección”, precisó.
Por su parte, Luis Carlos Ugalde, fundador y director general de Integralia Consultores, mencionó que el actual Modelo de Comunicación Política tiene omisiones. “Este Modelo no tiene equidad, este presunto Modelo ha olvidado un balance adecuado”, refirió.
En tanto, Rafael Chavero Gazdik, catedrático de la Universidad Central de Venezuela, se pronunció en favor de delimitar la contratación de publicidad, ya que esta adquisición se usa como medida de control de la editorial de los medios de comunicación, “es un verdadero problema cuando el Estado es el principal anunciante”, dijo.
En su oportunidad, Zoé Alejandro Robledo Aburto, senador de la República, mencionó que el modelo de Comunicación se ha desvirtuado, ya que partidos políticos y servidores públicos emplean campañas publicitarias y mensajes, no para informar acciones de gobierno, sino como promoción política.
El origen del problema, dijo, es la falta de ejecución de la norma constitucional. “Hay un ejemplo claro y es la falta de respeto a la veda electoral. No basta con regular las faltas, lo que hace falta es una ley reglamentaria al artículo 134 constitucional y es una falta del Poder Legislativo que lleva muchos años”, indicó.
El Observatorio Judicial Electoral sobre el Modelo de Comunicación Política, perspectivas, retos del procedimiento sancionador electoral y la libertad de expresión en materia política, que se realizó durante los días 19 y 20 de octubre en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reunió a ministros, magistradas y magistrados electorales, investigadores, catedráticos, estudiantes y especialistas en materia electoral.