Los integrantes de los órganos electorales debemos sumarnos al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, garantizando la vigencia de las potestades individuales como pilares esenciales de un Estado republicano, señaló Pedro Esteban Penagos López, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Al inaugurar el seminario Derechos humanos, democracia y participación ciudadana, en el marco del 65 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dijo que frente a los nuevos pasos que ha dado el constituyente para impulsar una nueva reforma político-electoral, los encargados de preservar la ley “debemos enfrentar los retos con los cuales se escribe otro capítulo de la historia de un México democrático, más justo, con mayor dignidad y certeza jurídica”.

Penagos López agregó que las instituciones fueron concebidas para servir a la sociedad. Ante ello, los actos de las autoridades deben estar enfocados a respetar los anhelos humanos. “Los jueces electorales tenemos la obligación de interpretar las garantías de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”.

Manifestó que el ideal democrático siempre ha estado presente en el constitucionalismo mexicano, y en esa vertiente democratizadora se encuentra la actual reforma constitucional con la que se pretende dar mayor certeza y transparencia a los procesos electorales.

Es de reconocerse la labor del Poder Legislativo, consideró, al pasar de una equidad legal a la determinación constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres, así como a la reelección legislativa de diputados e integrantes de los ayuntamientos, lo cual era un tema pendiente de nuestra democracia.

Puntualizó que con la creación de un Instituto Nacional Electoral (INE), pero preservando los órganos locales, se respeta el régimen interno de las entidades federativas y, como consecuencia, el sistema federalista.

La convivencia humana requiere de instituciones más fuertes: Otálora Malassis

Por su parte, Janine Otálora Malassis, magistrada presidenta de la Sala Regional Distrito Federal del TEPJF, afirmó que la convivencia humana requiere de instituciones más fuertes para asegurar que vivamos en democracia y paz. Por lo que “es nuestro deber honrar los ideales de los precursores de la cultura garantista que concibieron la declaración universal de los derechos humanos, como un legado para preservar la libertad y la dignidad”.

“La universalidad de la dignidad humana para todos los integrantes de la comunidad marcó el inicio del orden jurídico moderno”, subrayó en compañía de sus homólogos Armando Maitret Hernández y Héctor Romero Bolaños.

Al hacer uso de la palabra, Arturo Pacheco Bedolla, magistrado presidente y titular de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, celebró que hoy en nuestro país existan instituciones fortalecidas, encargadas de preservar y garantizar los derechos humanos, y auguró que este seminario servirá para robustecer aún más las funciones jurisdiccionales.

Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero, sostuvo que con actividades como éstas, hoy la democracia en nuestro país es una realidad, lo cual garantiza certeza y  confianza  en nuestras instituciones impartidoras de justicia.

En el auto inaugural también participó José Guadalupe Salgado Román, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, quien refirió que los organismos electorales locales asumirán con responsabilidad los ordenamientos jurídicos que  marca la ley.

En la mesa “Género y Derechos Políticos de las mujeres indígenas en México”, magistrados, académicos, representantes gubernamentales y de organizaciones civiles, reconocieron que a pesar de los avances que se han registrado en materia de equidad de género, falta mucho por hacer para lograr que en las comunidades originarias se reconozcan plenamente los derechos políticos femeninos.

Los ponentes Janine M. Otálora Malassis;  Fernando Rey Martínez,  profesor de  la Universidad de Valladolid, España; María Luisa Sánchez Fuentes, integrante del Consejo Asesor del Instituto Simone de Bouvoir; Rosario Herrera Ascencio, titular de la Secretaría de la Mujer del Gobierno de Guerrero, así como Ismael Anaya López, quien participó como moderador, destacaron las sentencias emitidas por el TEPJF sobre los derechos político-electorales de las comunidades indígenas.

Admitieron que es necesario trabajar para armonizar los artículos segundo y cuarto de la Constitución, para asegurar el derecho de este sector a votar y ser votado.