Para cumplir con el compromiso social de acercar la justicia electoral a todos los sectores de la población, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) realizó la Primera Jornada Nacional de Difusión de la Jurisprudencia Electoral, a través de la cual promovió criterios sentados en diferentes jurisprudencias emitidas para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Durante su participación en la mesa Jurisprudencia electoral en materia de derechos indígenas, el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos afirmó que la jurisprudencia del Tribunal Electoral favorece la construcción de un país más justo e incluyente de todos los estratos de la sociedad, particularmente del colectivo indígena, a partir del reconocimiento de los estándares de participación e inclusión de los pueblos y comunidades de este sector de la población, indicó.

El TEPJF se ha destacado por aplicar una interpretación progresista, lo que lo convierte en una de las instituciones que ha promocionado con más intensidad la igualdad de oportunidades entre los grupos que tradicionalmente han sido objeto de discriminación, dijo el Magistrado Presidente.

En materia de derechos político-electorales de las comunidades indígenas, siguió, el Tribunal estableció que éstos se encuentran protegidos por la Constitución federal y los diversos tratados internacionales que México ha ratificado, sin importar la ausencia de legislación secundaria sobre el tema. Con ello se garantiza el pleno acceso a la justicia de los actores, así como la protección a su derecho a elegir a sus representantes por medio del sistema de usos y costumbres.

Entre los casos más relevantes que ha resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en materia de elección por el sistema de usos y costumbres, se encuentran Cherán (Michoacán) y Tanetze de Zaragoza (Oaxaca), así como los juicios ciudadanos presentados por Filemón Navarro Aguilar y la asociación civil indígena Shuta Yoma.

En la mesa también participaron Ana Mireya Santos López, magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, y Evencio Nicolás Martínez Ramírez, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), quien citó las resoluciones de Tanetze de Zaragoga, Oaxaca y Cherán, Michoacán, con las cuales, dijo, el TEPJF dio un ejemplo del cumplimiento de su papel en materia de protección de los derechos indígenas.

Al respecto, Martínez Ramírez resaltó que la justicia electoral en casos resueltos es garante de la paz social y de ahí la importancia del trabajo de los tribunales de todo el país, y “mención especial merecen las jurisprudencias aprobadas por el TEPJF en esta materia, tal es el caso de San Juan La Lana, Oaxaca, por citar alguno”.

Libertad de expresión, característica de una sociedad democrática

El TEPJF es garante de los derechos fundamentales y del sistema democrático; a través de facultades amplias de control de constitucional de los actos y resoluciones electorales protege los derechos de participación política, el funcionamiento del conjunto del sistema político y los principios rectores del sistema electoral, a partir de garantías procesales como medidas de control y reparación, indicó Salvador Nava Gomar, magistrado de la Sala Superior, al participar en la mesa Jurisprudencia en libertad de expresión en materia electoral.

El control judicial  que hace el Tribunal Electoral respecto de la libertad de expresión, no puede entenderse si no es a partir del contexto de un nuevo modelo de comunicación política que ha permitido la expansión de este derecho tan importante, consideró el Magistrado.

Evolución a “golpe de sentencia”

La potenciación de los derechos, del derecho político-electoral de ser votado, la determinación del acceso efectivo a un cargo de elección popular, forman parte de un sistema que ha evolucionado a “golpe de sentencia”, dijo Felipe de la Mata Pizaña, secretario general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al participar en la mesa Jurisprudencia en materia de derecho de acceso al cargo, De la Mata mencionó los alcances que ha tenido la jurisprudencia y el redimensionamiento del derecho a ser votado, aplicado por la actual integración de la Sala Superior, con apoyo de la normatividad de nuestro país y la establecida en los tratados internacionales.

La resolución de controversias debe favorecer siempre a las personas

La reforma constitucional  de 2011 exigió a todas las autoridades, más allá de los jueces, que al resolver controversias en el ámbito de su competencia, se debía favorecer a la persona, estos es, preferir el valor que proteja más el ámbito individual de los ciudadanos, subrayó Constancio Carrasco Daza, magistrado de la Sala Superior del TEPJF, al encabezar la mesa Jurisprudencia en materia de control constitucional de leyes electorales.

Dijo que los jueces que hacen control constitucional deben resolver otorgando la protección más amplia a la persona y, como intérpretes de la ley electoral, antes de determinar la no regularidad constitucional y convencional de las normas legales, se debe realizar una interpretación conforme y preferir el valor que permita proteger el ámbito individual y colectivo de las personas es un reto que tienen las autoridades electorales y en el que ya se está trabajando.  

Adín de León Gálvez, magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del TEPJF, reconoció que la manera en que se han venido forjando los criterios y la jurisprudencia en materia de control constitucional, ha permitido la impartición de una justicia electoral completa, que responda a los intereses de la sociedad. Destacó, asimismo, la facultad que tienen actualmente las Salas Regionales para inaplicar normas que consideren contrarias a la ley.

Al clausurar la Jornada Nacional de Difusión de la Jurisprudencia Electoral, realizada en la Capilla del Rosario del Centro Cultural  San Pablo, en la ciudad Oaxaca, misma que congregó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como a diversas autoridades de instancias electorales del país, José Alejandro Luna Ramos, magistrado presidente de la Sala Superior, dijo que los miembros del Tribunal Electoral se capacitarán para contar Voces de los magistrados electorales para hacer entender su misión los que se vean vulnerados los derechos político-electorales de los ciudadanos.