La Suprema Corte bajo sospecha
Es necesario exigir que revise si en el proceso penal en contra de Ana María Orozco Castillo, ex pareja del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Genaro Góngora Pimentel, se cometieron violaciones a sus derechos humanos y en su caso proceda conforme a derecho.
Por ello promoví un Punto de Acuerdo, pues Orozco Castillo fue acusada por el delito de fraude genérico por el entonces presidente de la SCJN, luego de que se ordenó el descuento del 35% de todos sus ingresos por concepto de pensión alimenticia a favor de los menores hijos que procreó durante su relación con Ana María Orozco.
En el Punto de Acuerdo señalo que se presume que el ex ministro presidente recurrió a dos abogados, trabajadores de la Suprema Corte de Justicia, para llevar a cabo el litigio en contra de la señora Ana María Orozco Castillo, que estaban imposibilitados para realizar este litigio, por ser servidores públicos.
Llama la atención el presente caso, ya que la juez Nelly Ivonne Cortés Silva, presumiblemente, ha venido actuando de manera parcial en favor del ex ministro presidente, Generado Góngora Pimentel, toda vez que, a la juez sólo le tomó 7 días ordenar la aprehensión de la Ana María Orozco Castillo, por el delito mencionado.
De tal manera que desconocemos si la acreditación de los elementos para ordenar su detención se hizo con apego a derecho y de manera imparcial, o se han violado los derechos humanos constitucionales de Ana María Orozco.