*Política de vivienda mal direccionada
La vivienda es una necesidad básica, un elemento clave del desarrollo social, cuya concepción no se limita a su uso como inmueble, sino también como elemento generador del desarrollo social.
Además, está directamente vinculado con el bienestar de sus habitantes, lo que significa que la posibilidad de contar con una vivienda digna, es una condición que nos permite acceder a otros derechos universales, como lo es el de la dignidad humana y que a su vez, nos hace partícipes de gozar del libre tránsito, la seguridad jurídica, la privacidad, la inmovilidad del domicilio, el derecho a la salud, entre otros.
En la Estrategia Mundial de Vivienda, preparada por la Organización de las Naciones Unidas, la vivienda adecuada se define como “un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio suficiente, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada, una infraestructura básica y una ubicación adecuada a su lugar de trabajo, así como acceso a los servicios básicos, todo ello, a un costo razonable.”
Asimismo, nuestra Carta Magna, consagra en su artículo 4°, el derecho a disfrutar de una vivienda, pero no de cualquier vivienda, ésta debe ser digna y decorosa.
Por lo anterior, es lamentable que como resultado de una política mal direccionada, lo único que se evalúe en la materia de vivienda en nuestro país, sea cómo han venido aumentado número de créditos otorgados y los costos de la construcción.
El problema es más grave de lo que parece, ya que la calidad de las mismas ha venido disminuyendo en sentido inverso a los costos que se reportan.
La dignidad y el decoro de una vivienda, son cualidades difíciles de evaluar, ya que el primer parámetro de medición para estas cualidades versa con la extensión o tamaño de la vivienda y su relación al número de sus habitantes, ya que una casa habitación sin espacios, no podría asegurar los parámetros mínimos de bienestar y comodidad para sus habitantes.