*En Chiapas se criminaliza la protesta social
La criminalización de la protesta social se ha convertido en una práctica común del ejercicio arbitrario de poder en el actual gobierno de Chiapas.
Por ello proponemos un punto de acuerdo para solicitar al gobernador de la entidad que decrete las medidas necesarias para asegurar que las autoridades locales o terceras personas no manipulen el poder punitivo del estado y sus órganos de justicia con el fin de hostigar incriminar a activistas sociales, criminalizando la protesta social.
Pido exhortar al procurador de Justicia y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chiapas a que en el marco de la Mesa de Dialogo conformada por el gobierno local, revisen la situación jurídica, se acuerde el desistimiento de las correspondientes acciones penales y se decrete la libertad inmediata de los señores Caralampio Gómez Hernández, Alberto Patishtán Gómez, Francisco Sántiz López y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, así como de los 19 indígena tzotziles recluidos en penales estatales y dos de ellos en las Islas Marías.
Con la criminalización de la protesta se ha pretendido controlar el descontento social al trasladar los conflictos de lo social a lo penal, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos”, en lugar de atender sus demandas.
A través de la utilización ilegal de los órganos de procuración y administración de justicia, en el estado de Chiapas se recrudece cada vez más la persecución y criminalización de líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Esta política de criminalización es en realidad una política de control social, empleando cada vez más de manera injusta los delitos tipificados en la legislación penal local para enfrentar la inconformidad.
Cada vez a más mujeres y hombres se les apresa sin existir prueba alguna para demostrar su responsabilidad en la comisión de los delitos que se les imputan y su detención se relaciona directamente y de manera clara con su actividad de promover y procurar la protección y realización de derechos y las libertades fundamentales de campesinas y campesinos indígenas y de protección al medio ambiente en el estado de Chiapas.
Entre los casos más emblemáticos de este abuso de autoridad, están la reclusión ilegal de 19 indígena tzotziles originarios de las diversas comunidades del Municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán en diversos penales de Chiapas y dos de ellos en las Islas Marías.
Estos habitantes del municipio de Pueblo Nuevo fueron encarcelados tras una manifestación en la Central de Organizaciones Campesinas y Populares en donde acudieron únicamente para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua potable, alcantarillado, electrificación, vivienda digna y sistemas de financiamiento para la explotación y comercialización de los productos del campo en sus distintas localidades.
Otro caso emblemático de la represión judicial de líderes sociales en Chipas, es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, sentenciado a 60 años de prisión, coacusado de la presunta emboscada y asesinato a policías del municipio de El Bosque, en Chiapas, México.
En el contexto de su detención, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunciando la corrupción del entonces ayuntamiento y solicitando la destitución del presidente municipal y la creación de un consejo municipal.
Una situación similar de estos casos es la de Francisco Sántiz López, quien se encuentra encarcelado injustamente con acusaciones falsas de haber dirigido un enfrentamiento, ocurrido en la comunidad de Banavil del municipio de Tenejapa, en el que falleció una persona.
La fabricación del delito contra Francisco Sántiz tiene como finalidad destruir la resistencia de las comunidades zapatistas; están tratando de impedir a toda costa la construcción de la autonomía de los pueblos originarios, es parte del plan en contra las comunidades en resistencia.
Asimismo, otro caso paradigmático es del señor Caralampio Gómez Hernández, quien fue detenido en forma arbitraria el 16 de junio de 2010 por agentes de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, después de participar solidariamente en un mitin de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
La revelación de estos casos amerita la atención prioritaria del Congreso de la Unión, como representante de la soberanía nacional, ya que atenta de manera grave contra el papel protagónico que juegan líderes sociales, así como defensores y defensoras de derechos humanos en la consolidación del Estado de derecho y el fortalecimiento de la democracia.