*La información debe ser pública
El eje rector de la política de transparencia debe de ser el principio de máxima publicidad; toda la información en posesión de cualquier autoridad debe de ser pública.
La falta de transparencia, el uso y la ineficiencia con que se aplican los recursos públicos, es un tema que explica la desconfianza de la sociedad hacia la política y hacia las instituciones públicas.
Quisiera ubicar temas de enorme importancia por la gran cantidad de recursos que están involucrados en ellos y por la entrega de recursos públicos a particulares que estos temas implica; me refiero al sector energético, los fondos y fideicomisos públicos, el manejo de los créditos fiscales y la deuda pública donde fueron atendidas nuestras propuestas, cosa que agradezco infinitamente a las comisiones dictaminadoras.
En relación al sector energético es muy importante tomar en cuenta que la reforma energética privatizadora contempla entregar el manejo de una gran cantidad de hidrocarburos a particulares; ello implica la necesidad de transparentar las decisiones que tome el gobierno sobre todo el proceso de privatización y que su implementación sea objeto de la mayor transparencia, cosa que no está sucediendo.
La Secretaría de Energía decidió entregar a particulares la llamada Ronda Uno que suma 169 bloques contractuales para explorar y explotar 28 mil km cuadrados, donde existen reservas por 3 mil 728 millones de barriles de petróleo y recursos prospectivos por 14 mil 606 millones de barriles; adicionalmente, Pemex tomó la decisión de que 14 asignaciones migraran a contratos de Ronda Cero a contratos privados; estamos hablando, entonces, de 183 contratos de grandes complejidades técnicas y financieras que no están siendo transparentes en su adjudicación y operación.
La Secretaría de Energía decidió ocultar por 5 años los nombres de las empresas interesadas en la Ronda Uno y está violando todas las disposiciones de transparencia establecidos en la leyes energéticas; de ahí la enorme importancia de esta Ley General de Transparencia, donde deja perfectamente claro en el artículo 70 que la Secretaría de Energía como los demás entes estarán obligadas a dar a conocer los nombres de las empresas y sus accionistas apenas se promulgue esta ley.
Ocultar los nombres de las empresas que va a tener los contratos en materia de energía, pues se presta a que haya tráfico de influencias, actos de corrupción entre funcionarios públicos y los particulares o a que puedan llegar a acuerdos para favorecer con contratos a determinados privados que favorezcan a grupos específicos de interés.
La Secretaría de Energía está obligada además por el artículo 23 de la Ley de Hidrocarburos a especificar los criterios de precalificación y a publicarlos en el Diario Oficial de la Federación; la precalificación tiene que hablar de nombres.
Adicionalmente, el artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos considera el proceso de licitación, no sólo las bases de la convocatoria, sino el proceso de licitación para adjudicar los contratos deben regirse bajo los principios de máxima transparencia, léase artículo 25 de la Ley de Hidrocarburos y otros artículos más, pero el artículo 26 de la Ley de Hidrocarburos es muy importante porque establece lo que la Comisión Nacional de Hidrocarburos no podrá entregar contratos de extracción y exploración de hidrocarburos a empresas que estén inhabilitadas, que tengan incumplimientos graves en contratos anteriores, que utilizan a terceros para evadir responsabilidades, un montón de cosas; conocer el nombre de las empresas, conocer cuáles son las empresas que buscan participar en los contratos que se van a licitar, pues es demasiado importante.
Tiene el IFAI la obligación de hacer valer la Ley General de Transparencia y obligará a la Secretaría de Energía a que dé a conocer los nombres de las empresas interesadas en la Ronda Uno y vamos a checar si cumplen los requisitos del 26 de la Ley de Hidrocarburos, porque en la Ronda Uno se están llevando la pechuga del pollo petrolero.
Paso al tema de los fideicomisos públicos, donde hay un avance muy importante en materia de fideicomisos y fondos púbicos.
Vale la pena recordar que, de acuerdo con la información publicada en la Secretaría de Hacienda, al cuarto trimestre de 2014 existen 352 fideicomisos públicos que manejan 452 mil millones de pesos que hasta ahora son opacos y que gracias a esta ley será público.
Estos fideicomisos no operan de forma transparente hasta ahora, no se respeta porque la Secretaría de Hacienda solo da a conocer en cada trimestre información muy agregada; por ello, es de máxima importancia que en esta Ley de Transparencia se refuerce la obligación de que los fideicomisos operan bajo el principio de máxima transparencia y que el IFAI haga valer este principio y se establezcan sanciones a aquellos entes que no cumplan con estas disposiciones.
Uno de los fideicomisos más importantes por el volumen de recursos que manejará será el Fondo Mexicano del Petróleo, estaremos pendientes.
Pero el artículo 26 de esta ley y el 77 establece que la información que debe exponerse al público es el nombre del servidor público; la persona física o moral que represente al fideicomitente, al fideicomisario y a la unidad administrativa responsable del fideicomiso, en caso de que los fideicomisos no tengan estructura orgánica, que son muchos, son muchísimos fideicomisos que no tienen la estructura orgánica; el monto total de los recursos que manejan; el uso y destino del patrimonio fideicomitido; distinguiendo las aportaciones públicas, las fuentes de recursos, los subsidios, las donaciones, las transferencias, los excedentes y todo eso tendrá que hacerse público.
Además, las modificaciones de los contratos y decretos de constitución de fideicomisos o fondo púbicos; el padrón de beneficiarios; las causas por las cuales se crean o se extinguen los fideicomisos; los contratos de obras, adquisiciones o servicios que involucren recursos contenidos en fideicomisos; así como los honorarios derivados de los servicios y operaciones de cada fidecomiso.
Lo más importante es que se contemplan las inversiones depositadas en fideicomisos o fondos públicos y se dan a conocer o deben de darse a conocer en qué están aplicándose los recursos públicos.
Termino con créditos fiscales -ya no voy hablar de deuda pública-, los créditos fiscales al 31 de diciembre de 2014 ascendían a 451 mil millones de pesos; durante 2014, solo se recuperaron 26 mil millones de pesos, es decir, apenas un 6 por ciento, la Secretaría de Hacienda no da a conocer las cancelaciones, ni tampoco los descuentos y nada más informa que ha devuelto 289 mil millones de pesos de impuestos a diversos contribuyentes; bueno, ahora la Ley de Transparencia garantiza que la Secretaría de Hacienda esté obligada a proporcionar información detallada sobre el manejo de los créditos fiscales y las devoluciones; así también, toda la información sobre las exenciones fiscales.
De este modo se garantiza conocer el nombre de las personas, ya no aplicará el secreto fiduciario ni bancario; se podrá conocer el nombre de las personas que reciban beneficios fiscales, cancelaciones con donaciones de créditos, precisando el monto del beneficio y así nos evitaremos otras sorpresas.
La Auditoría Superior de la Federación descubrió en este último informe que la hacienda pública federal tiene un daño de mil 124 millones de pesos, debido a que la autoridad en forma improcedente condonó créditos por esa cantidad; señala a la empresa Sabritas que se le condonaron 929 millones, a la empresa Gamesa que se le condonaron 150 millones, a Scotia bank Inverlat que se le condonaron 28 millones, al grupo inmobiliario Prologis Mexico City que le condonaron dos deudas: una por 9 millones 300 mil, otra por 5 millones 500 mil, la Ley General de Transparencia obliga a conocer los detalles de estas condonaciones, seguramente el erario público será el mayor beneficiado.