*La escuela pública se tope con falta de compromisos
La suspensión del proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en Educación Básica y Media Superior, así como el silencio ominoso del secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet debe llevarnos a considerar la necesidad de rectificar, de abrir espacios a los expertos en evaluación, incluso debe conducirnos a un verdadero esquema de fortalecimiento de la escuela pública.
Los afectados son más de 350 mil profesores y directivos de todo el país; 50 mil educadores serían valorados del 9 de septiembre al 30 de noviembre de este año, en tanto que 200 mil realizarían la prueba entre el primero de febrero y el 31 de mayo de 2016.
Los promotores de la privatización de la escuela pública aseguran que la suspensión de la evaluación es un triunfo de los opositores a la reforma educativa, concretamente la CNTE, están en un error; la realidad es que la Secretaría de Educación y su titular Emilio Chuayffett, están más que atrasados en la planeación de las evaluaciones y no parecen tener, como indica el frenón anunciado, capacidad para llevarlas a cabo.
Lamentamos que el fortalecimiento de la escuela pública se tope con la falta de compromiso y con la inacción gubernamental, toda vez que el sistema educativo nacional sigue padeciendo graves rezagos.
El Estado incumple su obligación de garantizar las mejores condiciones para la prestación del servicio educativo. El censo de 2014 arrojó que sólo 51.6% de las escuelas públicas cuenta con drenaje, sólo 69% con disponibilidad de agua potable y únicamente 87.2% con sanitarios.
Las desigualdades en el acceso y la permanencia en la escuela siguen afectando a proporciones muy importantes de nuestros niños y jóvenes. La SEP no ha hecho su tarea; se quiere evaluar a los maestros mediante un esquema punitivo mientras la administración de Peña Nieto no ha sido capaz de renovar los programas de actualización de la educación normal ni de actualizar a los formadores de maestros a nivel licenciatura.
Persisten la duplicidad de funciones entre las instituciones de formación como las normales, la Universidad Pedagógica y los Centros de Actualización, entre muchas otras omisiones.
Recordemos que durante el debate sobre la reforma educativa se alertó sobre el hecho de que se trataba más de una reforma laboral que de cambios que apuntaran a mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza.
Ahora, el tiempo parece darnos la razón porque hasta el momento desconocemos cuál es el modelo educativo que propone este gobierno, no hemos visto avances en nuevos esquemas de formación y actualización continua de los docentes ni el cumplimiento de la promesa de que los profesores de nuevo ingreso contarían con tutores.
Han pasado dos años de la entrada en vigor de las reformas y la SEP ha sido incapaz de llevar a cabo acciones para enfrentar los problemas en la formación y la actualización de los docentes; su ausencia en la atención de los graves rezagos del sistema es escandalosa.