*Urge acabar con la congeladora legislativa
Propongo reformas al artículo 72 de la Constitución, a fin de hacer más eficiente el proceso de dictaminación de iniciativas en el Congreso, y así evitar la llamada “congeladora legislativa”.
La iniciativa tiene como objetivo principal hacer mucho más eficiente el proceso legislativo; en la actualidad, los términos perentorios para la elaboración de los dictámenes producto de las iniciativas propuestas por los legisladores se encuentran contemplados en los reglamentos de las cámaras del Congreso de la Unión.
Sin embargo, es de todos conocido que dichos términos en muchas ocasiones no se respetan por diversas razones y a pesar de que los reglamentos contemplan distintas alternativas para ampliar los términos, muchas veces dichos plazos se cumplen, y no se llevan a cabo los dictámenes correspondientes.
El Congreso está muy lejos de los mexicanos, la distancia a veces parece cada vez mayor y es necesaria una reforma constitucional que haga más eficiente el proceso legislativo, y que las iniciativas que presentan los representantes populares lleguen en un determinado tiempo al Pleno para su discusión y aprobación.
Hemos visto que los plazos establecidos en los reglamentos interiores no bastan, por ello se propone llevar dichos plazos a la Constitución, para que sea nuestra ley suprema quien nos mandate a hacer nuestro trabajo por el cual los ciudadanos nos eligieron.
La comúnmente llamada “congeladora legislativa” continúa siendo un grave problema en el Congreso de la Unión, lo que sin duda genera zozobra y desconfianza en la ciudadanía.
Prácticamente todos los sondeos realizados por las principales casas encuestadoras del país coinciden en que el Congreso de la Unión es la institución pública peor evaluada, y por el contrario, el Ejército y la Marina son las mejores evaluadas, lo cual debe preocupar a todos los actores políticos que participamos en la democracia mexicana.
Queda claro que estas encuestas deben preocuparnos, pero sobre todo ocuparnos para regresar confianza a la ciudadanía, ya que nuestra función como legisladores es trascendental para que México sea verdaderamente un país de Estado de Derecho con los ordenamientos jurídicos necesarios que cimenten la construcción de un México fuerte. Sólo un país de leyes puede ofrecer seguridad, estabilidad, oportunidades, atraer inversión y generar las condiciones para que los mexicanos vivamos mejor.