*Deuda histórica con nuestros menores
Celebro que luego de dos años de gobierno el presidente Enrique Peña haya decidido abordar finalmente un tema de la mayor trascendencia para nuestro país, al anunciar que utilizará la figura de la “iniciativa preferente” para presentar al Congreso de la Unión la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.
Durante la presente Legislatura, en el Senado de la República hemos trabajado para que sean garantizados los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y estamos convencidos de que es fundamental el diseño de un marco legal que aborde el tema de manera integral y que se traduzca en políticas públicas acordes con la realidad de nuestro país.
Sabemos que la población de niñas, niños y adolescentes se ve afectada por diversos fenómenos que agravan su condición de vulnerabilidad, como la baja calidad de la educación, la carencia de servicios de salud y seguridad social, o bien, el hecho de que los hogares tengan jefaturas jóvenes o indígenas.
De acuerdo con el estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012”, elaborado conjuntamente por el CONEVAL y Unicef, la pobreza entre la población infantil es más elevada que en el resto de la población nacional.
Además, existe mayor precariedad en los ingresos de los hogares con población infantil y adolescente, y las carencias por acceso a la seguridad social y por acceso a la alimentación afectan más a este grupo de población.
Hay 3.3 millones menores de 18 años con rezago educativo, 7.8 millones que no tienen acceso a los servicios de salud, 9.8 millones que no cuentan con los servicios básicos en la vivienda y 4.7 millones en situación de pobreza extrema.
Ante esta realidad, como senadora de la República he impulsado diferentes iniciativas destinadas a proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. Tal es el caso de la iniciativa en materia de acoso escolar que propone, entre otras cosas, capacitación para los docentes e incentivos para la implementación de acciones a fin de combatir el acoso escolar.
Asimismo, impulsé una reforma encaminada a castigar la pornografía infantil. Por otro lado, presenté una iniciativa de reforma en materia de niñez migrante no acompañada, la cual propone crear centros de atención y protección integral, así como un Registro Único de información sobre menores migrantes no acompañados.
Sin lugar a dudas, una Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, debe ser integral para responder a una deuda histórica con nuestra niñez. En el Senado de la República estaremos atentos a la propuesta enviada por el Ejecutivo y contribuiremos a garantizar que cumpla con este objetivo.