*Fracasa el país en derechos humanos
Luego de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la incapacidad mostrada por el Estado mexicano para dar respuesta a familiares y la sociedad en su conjunto, el gobierno mexicano no puede seguir presentándose a sí mismo ante la comunidad internacional como el gran defensor de los derechos humanos.
Considero que los hechos ocurridos a finales de septiembre en Guerrero develaron las consecuencias de un sistema impregnado de corrupción, impunidad e inmerso en un ambiente de violación constante a los derechos humanos, donde las víctimas del delito han sido revictimizadas una y otra vez ante la falta de justicia.
Por ello, presenté un punto de acuerdo para que la Cámara de Senadores haga un exhorto al Ejecutivo Federal para reconocer la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, conforme a lo previsto en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Y es que además de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, son miles las personas que continúan desaparecidas en todo el territorio nacional. Prácticamente en los últimos 8 años se ha registrado la desaparición de más de 22 mil personas en México, según ha reconocido la Secretaría de Gobernación recientemente. Esto significa que, en promedio, han desaparecido 240 personas al mes en estos años.
Datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), actualizados al mes de agosto, indican que cinco entidades concentran aproximadamente el 50% de los desaparecidos en México: Tamaulipas, con 4,875 casos; Jalisco, con 2,113; Estado de México, con 1,554; Distrito Federal, con 1,450, y Coahuila, con 1,332.
Ante esta realidad, resulta fundamental que el gobierno mexicano reconozca la competencia de un Comité cuya finalidad principal es la de recibir denuncias de desapariciones forzadas; realizar visitas oficiales a los Estados Parte para esclarecer los casos y asistir a las víctimas; y proponer medidas cautelares para evitar posibles daños irreparables a las mismas.
La desaparición forzada de personas constituye una de las violaciones más graves a los derechos humanos por las consecuencias que tiene, no solamente para las víctimas, sino para sus familiares y la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se trata de una práctica sistemática.