*Pruebas del enriquecimiento inexplicable de César Duarte
Según el reporte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del segundo trimestre al cierre del 30 de junio de 2014, Chihuahua tiene una deuda de 41 mil 603 millones de pesos. El monto es la tercera deuda de todo el país; en proporción del PIBE, es la más alta de México.
Mientras se sofoca el futuro de Chihuahua con esta carga irresponsable, el del gobernador del estado aparece con porvenir y prosperidad; no sólo no debe, sino que ahora se dedica a prestar como uno de los socios, el mayoritario, por cierto, del nuevo Banco Unión Progreso. El gobernador del estado posee ahora el 15 por ciento del capital accionario del banco.
El hasta hace poco tiempo líder cenecista, ha transitado meteóricamente a convertirse en un nuevo rico de la entidad; pero todo indica que a diferencia de muchos de nuestros acaudalados paisanos, en Chihuahua hay varios ricos: el suyo es un enriquecimiento ilícito.
Si el patrimonio personal es la suma de los ingresos fruto del trabajo, la renta, el rendimiento, la donación o la herencia; al gobernador César Duarte Jáquez no le alcanza juntándolas todas.
Desde hace más de dos años y de diferentes latitudes del estado, incluidos los intramuros del propio gobierno y su mismo partido, se empezó a hablar del incremento patrimonial del gobernador, que compraba aquí y allá algunos de los mejores ranchos, que se hacía del Hotel Soberano, en la capital del estado; que remodelaba propiedades de su familia.
Sin mayores datos, el rumor creció exponencialmente, tanto así que el propio gobernador salió a desmentir que andaba de comprador en los medios de comunicación que jamás habían tocado el asunto.
Sin embargo, ahora la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Fiscalía Estatal de Chihuahua, tienen en su poder una documentada denuncia de hechos por los delitos tipificados por el Código Penal Federal, tales como: peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, uso indebido de atribuciones y facultades y los demás que resulten cometidos, no sólo en perjuicio del patrimonio del estado de Chihuahua, sino los que resulten relativos por actos violatorios de la legislación bancaria y los correlativos a estos, de la Legislación Penal del estado de Chihuahua, cometidos por el gobernador César Horacio Duarte Jaques, por Jaime Ramón Herrera Corral, Secretario de Hacienda –no es pariente mío–; Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, Presidente de la Junta Central de Aguas y Saneamiento y en contra de quien o quienes más resulten responsables como sujetos. Este último, tampoco es pariente de Víctor Hermosillo Celada.
Se trata de la denuncia presentada por Jaime García Chávez, uno de los líderes más singulares de la izquierda chihuahuense, a la que encabezó en pos de la gubernatura del estado en 1992.
Abogado de profesión, laboralista en ese ejercicio, su vocación ha sido la justicia y ha sido intransitable su honestidad. Hace poco renunció al PRD, pero no abandonó el deber cívico ni la acción política; la desarrolla a través de su portal de Internet y su página en Facebook.
Tomó la causa de la anticorrupción y ayer un grupo de chihuahuenses de varios partidos de distintas asociaciones, de colegios, de sindicatos, académicos, líderes sociales, hemos decidido constituir un movimiento ciudadano para acompañar su denuncia.
La denuncia es la siguiente y con ello cierro mi intervención para dar paso a preguntas y a quienes quieran participar.
El 21 de marzo fue aprobada por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la creación del Banco Progreso de Chihuahua, Sociedad Anónima, del cual Jaime Herrera Corral, Secretario de Hacienda del gobierno del estado, es fundador y funcionario; mientras que el gobernador del estado es uno de los principales socios, con la adquisición del 15 por ciento de las acciones, vía el contrato de fideicomiso; 744 mil 743 de administración e inversión, formado por él y su señora esposa Bertha Olga Gómez Fong, formalizado ante el notario público número seis, en noviembre del 2012, con una aportación de 65 millones de pesos, con el objetivo de que la fiduciaria “Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima” efectuara la adquisición de acciones del Banco Progreso de Chihuahua.
Esa institución bancaria es una fusión de unión-crédito-progreso, sociedad anónima; a cada sociedad anónima de capital variable; Sociedad Financiera Popular y Única Casa de Cambios, Sociedad Anónima. A ésta, el gobierno del estado ha conducido depósitos con bajísimas tasas de interés por 834 millones de pesos, fondeo que, por cierto, sirvió para que Banco Unión-Progreso, adquiriera un crédito de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Sociedad Anónima, que ni más ni menos tenía contra el adeudo del propietario del Hotel Soberano en la capital de Chihuahua. O sea que hay que creerle al viejo refrán mexicano, que cuando el río suena, es porque agua lleva; dinero lleva.