*Medidas necesarias para aliviar y mitigar el hambre
El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que pertenece nuestro país desde 1981, establece el derecho fundamental de toda persona a una alimentación adecuada, que se ejerce cuando existe el acceso físico y económico, en todo momento a los medios necesarios para obtenerla.
Dicho Instrumento Internacional, va más lejos, ya que, además, señala la obligación de los Estados para adoptar medidas necesarias para aliviar y mitigar el hambre, y en especial para mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante el desarrollo de técnicas, conocimientos científicos, principios y perfeccionamiento de regímenes agrarios, de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales.
Si bien, el marco jurídico en nuestro país dio un importante paso al reconocer en la carta magna el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad desde la perspectiva de la seguridad alimentaria, es necesario fortalecer el enfoque que ve el derecho a la alimentación como esencial para que una persona alce una calidad de vida digna tanto desde el ámbito de la salud, como del desarrollo social y económico; es decir, esta propuesta pretende inferir en la política pública del sector al dejar establecidas constitucionalmente medidas que debe adoptar el sector productivo nacional para garantizar el abasto de alimentos.
Es necesario señalar, en este punto, que esta propuesta viene también a fortalecer los objetivos de la Política Nacional de Desarrollo Social, que, entre otros, se encuentra el de propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, entre ellos, la alimentación.
Un país es más sólido cuando se tiene un sistema de producción eficiente y robusto en el aspecto alimentario, por lo tanto, el Estado además de garantizar el abasto de alimentos, debe implementar las políticas necesarias para que sus sistemas de producción sean mejores y cada vez puedan cubrir la demanda de todo el núcleo social para evitar rezagos o exclusión de personas a los beneficios de programas sociales de corte asistencial.
Sabemos de los rezagos históricos que desafortunadamente se tienen en el sector agrícola de nuestro país, por ello, también considero benéficos los alcances de esta propuesta, ya que inevitablemente, en la ley reglamentaria se tendrían que involucrar a los sectores campesinos para que el Estado replantee los esquemas de financiamiento y apoyo para la producción de alimentos, pues al estar integrados conjuntamente y de forma orgánica crean un vínculo inseparable que subsanaría varias de las metas inatendidas del Estado.
México tiene serios problemas para el cumplimiento del derecho a la alimentación en materia de accesibilidad y disponibilidad. De acuerdo con Incide Social, la capacidad productiva del campo mexicano está cada vez más amenazada por la vulnerabilidad de fenómenos climatológicos así como por las condiciones estructurales del método y el modelo económico que ha puesto en desamparo a los productores agrícolas.
Por lo tanto, enfrentamos un serio problema de desabasto de alimentos y la inversión extranjera aumenta vertiginosamente la dependencia alimentaria. Las exportaciones alimentarias en 2010 ascendieron a 15.8 mil millones de dólares, mientras que las importaciones oscilan en los 18.8 mil millones de dólares.
La respuesta gubernamental, ante un problema de niveles que trastocan la seguridad y soberanía nacional la dan con una Estrategia de corte asistencialista como lo es la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que mucha publicidad despliega sobre sus logros y metas que supuestamente han alcanzado, pero sin ofrecer resultados reales a la mayoría de los mexicanos, y sin proponer una salida al problema de fondo en materia de alimentación.
La Estrategia “Sin Hambre” está orientada a la población objetivo constituida por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación; sin embargo, se necesita una propuesta de mayores alcances para instrumentar una política integral que no solo provea alimentos a estas personas sino que además, les proporcione las herramientas necesarias para lograr su autonomía económica y productiva.
Una política integral en el sector, además de tener una cobertura más amplia al apoyar correctamente el desarrollo agrario, crearía infraestructura que servirá y proporcionará un crecimiento multidisciplinario enfocado a impulsar la economía en general y mitigar las deficiencias actuales que impiden o frenan de momento este proceso.
Por lo tanto, es vital redoblar esfuerzos en la legislación actual para facultar al Estado en nuestra Carta Magna a garantizar un sistema integral de alimentación, al considerar la entrega de alimentos y agregar la producción y distribución de los mismos como una dependencia textual en la ley, es decir, que se mencione a los conceptos con una codependencia procesal, en la cual, la interpretación deberá comprender tanto la entrega como la producción de los alimentos debido a su estrecha y obligada relación.