*Contradicciones en códigos penales del país 

Propongo modificar el artículo 19 constitucional para que los códigos penales estatales consideren únicamente como graves los delitos catalogados en la Constitución, con el fin de que no se aplique la prisión preventiva de manera injustificada.

Esto porque hay contradicciones entre los códigos penales estatales y el federal respecto a la figura jurídica de prisión preventiva, ya que no consideran los mismos delitos graves merecedores de dicha sanción.

Los códigos penales de las entidades federativas contienen una amplia lista de tipos penales señalados como delitos graves, muchos de ellos no incluidos en el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional Federal, y que a los imputados de esos delitos se les aplica durante el proceso la prisión preventiva.

La carga penitenciaria de procesados no sentenciados constituye uno de los mayores problemas de reinserción social, ya que la población rebaza la capacidad instalada, generando hacinamientos, corrupción y lucha por la supervivencia.

La prisión preventiva es un tema polémico que pone en juego la presunción de inocencia de toda persona y su aplicación es un acto de imposible reparación en caso de inocencia o sentencia no condenatoria.

Por ello propuso agregar la libertad bajo caución en el catálogo de Derechos Humanos de los acusados en el apartado B, del artículo 20 Constitucional que establece disposiciones sobre prisión, detención y prisión preventiva.

La libertad bajo caución no procede en entidades donde los códigos penales no la contemplan como medida cautelar, restando una herramienta importante en los procesos donde puede sustituir a la prisión preventiva.

La prisión preventiva se ha convertido en una presunción de culpabilidad, existe un gran riesgo de que los jueces de la causa justifiquen con sentencias condenatorias la prisión preventiva otorgada, ya que de lo contrario se evidenciaría que se privó de la libertad a un inocente.

Además propongo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus homólogas estatales investiguen y emitan recomendaciones preventiva improcedente.