*Brutal sistema de terror implantado en México
Secuestro, narcotráfico, extorsión, desaparición forzada, soborno, tráfico de influencias, cohecho, desvío de recursos, abuso de autoridad, condicionamiento de servicios públicos, prevaricato, malversación, pago a sobreprecios, compras innecesarias, retraso injustificado de pagos, nombramientos basados en el interés de grupo, uso indebido de información, desarrollo de proyectos a solicitud y acuerdo del contratista, otorgamiento y mantenimiento de concesiones para favorecer a privados, sentencias trucadas, incompetencias pactadas, negligencia a modo, apropiación de bienes públicos, trampas en las elecciones, corrupción de jueces y de los jueces, perversión de la justicia, permitir fugas, la lucrativa omisión, entre muchos otros.
Este breviario de la podredumbre tiene algo en común: la interacción de actores privados y servidores públicos que actúan en acuerdo y en organización.
El Estado mexicano está vulnerado. Su capacidad para cumplir sus obligaciones constitucionales está comprometida. No puede retener delincuentes de alta peligrosidad, ni garantizar el cumplimiento generalizado de los derechos humanos o la seguridad de los ciudadanos o las actividades económicas reservadas para la nación, que hoy están dominadas por grupos delincuenciales.
México está enfermo de corrupción e impunidad. Parece un elemento omnipresente en la vida cotidiana, desde la gestión de servicios básicos o apoyos sociales, hasta los contratos multimillonarios que celebran los gobiernos, hasta el sistema financiero que en algunos casos ha servido para lavar dinero.
La gravedad del fenómeno es tal que, como señala María Amparo Casar: “El problema alcanza el nivel de norma social: de una creencia compartida de que usar el cargo público para beneficiarse a sí mismo, a los familiares o a los amigos es un comportamiento generalizado, esperado y tolerado de una conducta individual”.
Estos actos de corrupción no son realizados por actores aislados, se desarrollan sobre la base de redes de corrupción que constituyen una industria integrada, que cubre desde la planeación, la operación, el manejo financiero, el blindaje jurídico, hasta la cobertura política. La ingeniería de la corrupción es compleja, sólida y funcional.
La corrupción se potencia por la interacción de dos vectores: el uso del imperio del Estado para la lucha y conservación del poder, y la apropiación de los bienes públicos para la generación de condiciones ventajosas de negocios.
Estas redes de corrupción vulneran el Estado de derecho, la democracia y el libre mercado.
La potencia del Estado está en la capacidad de salvaguardar el interés público al limitar los intereses particulares o de grupo frente a los públicos y estatales. El aparato actual para combatir la corrupción alimenta la impunidad y es funcional únicamente al corrupto.
De un Estado sin potencia para enfrentar la corrupción, sólo podrá resultar una nación desprivilegiados y tierras baldías, un Estado de bandoleros.
Es necesario pensar una estrategia diferente. El esfuerzo que realiza el Estado para combatir el narcotráfico en una estrategia prohibicionista y militar cuesta vida y dolor. Ha hecho que el gasto en seguridad de México esté entre los 10 más altos del mundo.
Dicho sea de paso, es el único país de este grupo que no cuenta con armas nucleares, ni portaaviones ni un conflicto exterior inminente, para que en lo concreto, las sentencias definitivas en delitos contra la salud, en lo que va del año, prácticamente son nulas
Para ilustrar el tamaño del problema podemos decir que todos los recursos del narcotráfico sólo son un segmento de la industria de la corrupción. El combustible que alimenta al narcotráfico es la complicidad, la corrupción y la impunidad.
Frente a estas dos realidades el esfuerzo contra la corrupción es en la práctica inexistente. Presento la evidencia:
A principios de 2015, el 60 por ciento de los mexicanos percibía un aumento en la corrupción, mientras que 36 por ciento la consideraba el principal problema del país.
La presencia de las redes de corrupción y las prácticas de impunidad generan desconfianza de la ciudadanía hacia quienes son responsables de sancionar los actos de los corruptos. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en México 87% asocia a los Servidores Públicos con corrupción.
La respuesta es si revisamos los reportes de la Secretaría de la Función Pública observaremos que el número de sancionados es ínfimo y centrado en operadores de bajo nivel.
Esto por una falta de decisión y tolerancia, pero también por un enfoque equivocado. Porque es un error pensar que corrupción y crimen organizado son diferentes, cuando son en realidad dos caras del mismo problema.
La atrofia es tal, que la Secretaría de la Función Pública ni siquiera existe en la Ley Orgánica de la Administración Pública. Es decir, es un órgano sin un fundamento firme y el nuevo sistema no empieza a funcionar.
¿Habrá alguien que tenga el cinismo de decir que el problema no es de este tamaño? Yo creo que no.
¿Quién podría defender un aparato inoperante que ha ganado a pulso su imagen de cómplice y tapadera, de desprestigio?
Todo esto nos lleva a una conclusión: Es la corrupción. Es la corrupción.
El punto es que es más eficiente centrarse en combatir la corrupción y la impunidad que seguir tirando dinero en una estrategia de seguridad fallida y torpe, que solo ha logrado debilitar al Estado.
Frente a un problema tan grande y generalizado, y con tantos fracasos e imposturas, ¿por dónde empezar?
Lo primero es reconocer la gravedad del problema y la necesidad de que sea considerado una prioridad nacional, el inicio es desmantelar las redes de complicidad para que el Estado pueda ser efectivo.
Lo segundo es reconocer los avances, las reformas en materia de corrupción, las reformas en materia de transparencia, representan el avance más importante en la historia de México y constituye un mandato político y moral, de no darle más dilación a las leyes secundarias y hacer operativo el sistema diseñado.
El tercer punto, que es el que les quiero poner a su consideración, es que el problema es de redes de corrupción no solo de individuos.
Por lo tanto la propuesta que hoy pongo a consideración de ustedes es equiparar los delitos de corrupción a crimen organizado.
¿Por qué? Permítanme exponerles nueve razones:
1. Porque lo son, son grupos de individuos que se ponen de acuerdo para delinquir, por lo tanto es crimen organizado en los términos que la Constitución lo define. Son organizaciones criminales porque no delinquen una sola vez, su operación es sistemática y permanente.
2. Esta idea es consistente con los planteamientos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que define “grupo delictivo organizado” en este sentido.
3. Porque daría mayor potencia al Estado, a la nueva fiscalía y al sistema anticorrupción.
4. Frente al incentivo de la recompensa inmediata, generemos un desincentivo de la posibilidad efectiva de una sanción severa y posible.
5. Permitiría un cambio de estrategia, enfocándose en las organizaciones criminales enquistadas en el aparato público.
6. Obligaría a las empresas a un mayor control y una vigilancia más cercana de sus actos.
7. Es una acción racional para la preservación y el crecimiento del Estado.
8. Mostraría la semilla de un pacto político para limitar las acciones criminales y antiéticas que fortalezcan la democracia y el tejido social.
9. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué negar una realidad? ¿por qué apostar por una lógica fallida? ¿Qué otra alternativa hay para atacar las redes de corrupción?
Quiero apuntar que la medida es conveniente, pertinente y armónica con el sistema jurídico mexicano. Al considerar los actos de corrupción como crimen organizado se podrán atacar redes de corrupción y no sólo hechos aislados.
La forma de hacerlo es muy sencilla, consiste en reformar los artículos 164 y 122 del Código Penal Federal; adicionar la fracción VII al artículo 2 y reformar el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como adicionar el inciso 37 al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.
Esta reforma dará mayor potencia a las instituciones de combate a la corrupción y constituirá un desincentivo importante para la comisión de estos delitos.
Acoto: la medida propuesta no resuelve el problema, ni la falta de valentía o voluntad política para enfrentarlo, pero sí ataca una de las aristas más dolorosas. Esta es la primera de un paquete de medidas que la fracción del PRD presentará para combatir la corrupción y fortalecer al Estado.
Termino no sin antes agradecer el apoyo y compromiso de los senadores: Benjamín Robles, Zoé Robledo, Rabindranath Salazar y en particular acento a Don Ernesto Gándara.
López Velarde escribió en la sublime “Suave patria” que era impecable y diamantina, pero hoy está maculada, sucia y obscura por la mugre de la corrupción y la impunidad que generan las redes de corrupción.
Señorías: no hay para dónde hacerse, depende de nosotros aquí y ahora darle lustre a la patria.
Estoy seguro que con su apoyo, podremos, parafraseando al maestro Sabina, hacer que ser corrupto no sea tan barato, y ser honesto valga la pena.