*Reforma constitucional de gran frustración
En un momento histórico, de gran lucidez, hace poco más de un año, en esta misma Cámara, entre aplausos y de madrugada, aprobamos --con amplio consenso y generando grandes y renovadas esperanzas y expectativas-- la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones.
Si bien es cierto, la reforma constitucional, gracias al trabajo de los representantes del Partido Acción Nacional, entre otros, en la mesa del Pacto por México, tiene ADN panista, desgraciadamente hoy la legislación secundaria se aleja de los ideales y de la ética de mi partido.
En lo personal, no reconozco en las leyes secundarias el paso siguiente y necesario de la reforma constitucional, éstas no honran su espíritu, a pesar de las interpretaciones constitucionales tiene como objetivo abatir los monopolios y fomentar la competencia, beneficiando a las audiencias y a los usuarios, y satisfacer así las necesidades y las demandas ciudadanas.
Debo decir con sinceridad, pero también con pesar, que estas reformas generaron en mí, como en muchos mexicanos y mexicanas, una gran esperanza, por un México donde la cultura en general, pero en particular la cultura política de las y los ciudadanos se viera fortalecida con información plural.
Esperaba que por lo menos lográramos contener a los grandes intereses y poner en el centro el beneficio de mujeres y hombres que habitan en este país; con la aprobación de estas leyes en sus términos, los mexicanos trataremos de vivir contradictoriamente, en libertad pero sin información, en México no se logrará consolidar una democracia de calidad y eso será responsabilidad del proponente, el Presidente Peña Nieto, y los legisladores que avalen su propuesta.
Hace menos de dos meses se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Competencia Económica, que entra en vigor ya, ahora el 7 de julio próximo; hoy además de una contrarreforma constitucional estarán aprobando la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que desde hoy y en lo personal llamaré la “Ley de Anticompetencia y Promonopolios”, mientras los abusos al usuario se dan sobre todo en el ámbito económico, pues es cierto e injusto que pagamos mucho dinero por malos servicios, los daños que sufrimos por los monopolios en los medios de comunicación son profundos y peligrosos.
Sociedades con información pobre y sesgada tienen de manera recíproca y proporcional democracias pobres, ciudadanos dóciles, desinformados, pasivos, manipulados, con una verdad oficial del gobierno en turno y los medios de comunicación a modo.
Digo no a esta ley por diversas razones. Concedo que hay avances, las medidas preponderantes que se aplicarán a América Móvil, tales como la eliminación del “rooming” en telefonía celular, ya se ha hablado de esto, en la larga distancia en telefonía fija, que generarán mayor competencia en algunos servicios de telecomunicación, y pudiendo derivar en mejores tarifas para usuarios, eso está bien.
Pero esta reforma estaba llamada a mucho más, esta reforma estaba llamada a ser la gran política de Estado que pusiera en el centro el derecho humano a la información plural, imparcial, oportuna y que también fuera capaz de generar competencia real, que no sólo detonara la inversión y abatiera los monopolios, sino que también inhibiera la concentración.
La definición de preponderancia por sector constituye un error legislativo que no se subsanará ni se subsana transcribiendo una parte del texto constitucional, no definir a la preponderancia por servicio es un grave desacierto que dejará, sin duda, y ya lo vemos, al sector de la radiodifusión sin declaración de preponderancia, y a las dos nuevas cadenas de televisión abierta tan ansiadas con muy pocas posibilidades.
Mi voto fue en contra también porque al quitarle la facultad al Instituto Federal de Telecomunicaciones de regular la competencia en la televisión restringida, como está planteado a través de este terrible noveno transitorio del proyecto, va en contra del espíritu de la Constitución y va a favorecer la concentración en televisión de paga, además de existir una obvia invasión de facultades al Ifetel, que seguramente en su momento declarará inconstitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Permitir la concentración y los monopolios en cualquier servicio de las telecomunicaciones constituye un daño directo a los usuarios.
El proyecto de dictamen tiene otras omisiones que también nos alejan de la Constitución, temas tan importantes para el desarrollo de la cultura y de la identidad nacional, pasan necesariamente por la producción nacional independiente, que no regula este proyecto de ley.
La producción nacional independiente es un instrumento indispensable para que la pluralidad del país pueda verse reflejada a través de contenidos que no son producidos por los concesionarios, sino por personas que tienen otra perspectiva de la realidad.
En ese sentido, el proyecto no cumple con lo dispuesto en el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, el cual dice: “se deben establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción nacional independiente”.
Yo pregunto: ¿Cuáles mecanismos?, ¿en qué artículos vienen?
Otra razón por la que mi voto fue en contra, es porque los medios públicos no existen como tal, vuelven a ser medios controlados por los gobiernos. Los medios públicos desempeñan una función primordial para asegurar la pluralidad y la diversidad de voces necesarias en una sociedad democrática; deben proveer a la ciudadanía de contenidos de alta calidad, articulados con las necesidades informativas, educativas y culturales de la población; deben ser independientes del Poder Ejecutivo, pues sólo así podrán ser verdaderamente imparciales, plurales, reflejar la visión de todas y todos los mexicanos.
Requieren contar con opciones de financiamiento adecuado para poder generar contenidos que, a la par de educativos o culturales, sean lúdicos, de calidad y accesibles a la ciudadanía; deben también contemplar mecanismos de rendición de cuentas y de participación de la ciudadanía en las distintas instancias de producción, circulación y recepción de contenidos, y eso no se refleja en el dictamen.
Voté en contra porque en el tema de discapacidad, aún con la inclusión de los artículos 199 y 203, queda muy corta, es insuficiente; por un lado, es inadmisible que se establezca que el subtitulado sea únicamente en un segmento de al menos un programa de noticias, lo propuesto es violatorio de los derechos humanos tal como lo manifestó muy bien la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Es de suma importancia mencionar que en países como Estados Unidos, Canadá, Colombia y Chile, el 100 por ciento de su programación está subtitulada, les voy a decir algo más: es irónico y ofensivo para los mexicanos que las filiales de los concesionarios de televisión mexicanos que operan en Estados Unidos subtitulan el 100 por ciento de los contenidos que difunden en aquel país, esto evidencia que en el afán de ahorrarle algunos millones de dólares a las televisoras estamos dejando de lado los derechos de millones de personas.
La ley del presidente Peña y de todos aquellos que, son su voto, la hicieron suya, dejaron en claro que la prioridad es el interés económico particular y no los derechos humanos de personas que sufren discapacidad de algún tipo, sobre todo auditiva; el subtitulaje debe ser para todos los programas, conforme a un calendario de implementación progresivo, además se debe establecer la obligación de los preponderantes de radiodifusión a incluir el subtitulaje en toda su programación en un plazo no mayor a tres años.
Debemos también establecer que por lo menos un porcentaje de los teléfonos públicos, casetas de internet, estén a una altura accesible a silla de ruedas y que tengan otras funcionalidades para que sean accesibles a distintos tipos de discapacidad.
El proyecto tampoco define un calendario de cumplimiento progresivo de las obligaciones de accesibilidad.
Quienes aprobaron esta ley solaparon un daño grave a la democracia, permitieron todo lo que un Estado debería limitar: el poder político, económico e ideológico se concentre en unos pocos, en detrimento de la democracia y de la ciudadanía, que el monopolio de la información concentrado en unas pocas manos se mantenga así a perpetuidad; estamos coartando la libertad de los mexicanos de decidir con base en información plena, plural e imparcial.
En síntesis, les fallamos a los ciudadanos.