*El INE debe ser independiente, autónomo y eficiente
El Instituto Nacional Electoral (INE) debe ser garante del proceso electoral, la ciudadanía necesita una institución con visión de Estado y en la que se escuche la voz de su presidente respecto a los temas de la contienda de junio próximo.
Por ello este organismo debe ser capaz de contener los intereses particulares o de grupo. Se trata de una misión de la mayor importancia, por lo cual el comportamiento del Instituto debe ser independiente, autónomo y capaz de garantizar los principios que establece la Constitución en materia electoral.
El Instituto cuenta con los recursos necesarios para garantizar un proceso acorde a principios y normas democráticas.
Necesitamos escuchar la voz del presidente del INE. Queremos conocer su opinión sobre los temas del proceso, no sólo sobre las resoluciones del colectivo de los consejeros.
En el contexto actual que vive el país, los partidos políticos, las autoridades electorales y la ciudadanía son fundamentales en este proceso electoral.
Los partidos son esenciales en una democracia, pues son un instrumento de la ciudadanía para ejercer el poder. No obstante, su papel como intermediarios se ve viciado si sus procedimientos internos carecen de mecanismos para que la ciudadanía participe y conozca el proceso de nominación de los candidatos.
Los institutos políticos deben servir para construir proyectos de gobierno basados en principios democráticos y promoción a los derechos de las personas.
Los funcionarios que emanen de estas organizaciones tendrían que apegarse a estos programas, y la ciudadanía tendría criterios para evaluar más fácilmente el desempeño de los funcionarios.
Los partidos tienen que ser catalizadores de la participación ciudadana y no máquinas controladas por burocracias.
Por ello no es permisible debilitar aún más a las instituciones mexicanas, pues de continuar las prácticas partidistas actuales, los candidatos que participarán en las elecciones serán sólo el rostro de la grave crisis que atraviesan todos los partidos.
Los candidatos que lleguen a puestos de elección popular, sin importar su ideología ni su partido, contarán con poca legitimidad para llevar a cabo los cambios legales tan necesarios para restablecer la confianza de la ciudadanía.