*Preservar la autoridad municipal en seguridad
Presentamos una iniciativa que tiene como objetivo preservar y fortalecer el papel de las policías municipales, sujeto al cumplimiento de estándares mínimos de calidad, integridad y eficacia, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, como órgano rector.
Es necesario reformarlos artículos 21, 73, 76, 104, 115 y 123 de la Constitución Política y tiene el propósito de una reforma a fondo del sistema policial.
Con este objetivo establece: Definición de estándares policiales nacionales y la construcción de un servicio nacional de carrera policial; la acreditación de las instituciones policiales de todos los niveles de gobierno, como base de su permanencia, por parte de un organismo certificador nacional, con facultades amplias para detonar procesos de cambio en las policías.
Incluye fortalecer los mecanismos de control interno y la creación de instancias formales de control civil sobre las policías; institucionalización de un régimen de seguridad social y de derecho de asociación para personal de seguridad pública, como parte de un esfuerzo más amplio de dignificación y fortalecimiento de la carrera policial.
En materia presupuestal, propone la definición de un modelo que haga posible una transformación de fondo de las instituciones de seguridad pública.
Con esta propuesta se le toma la palabra al Presidente de la República. Decir no a la iniciativa presentada por el Ejecutivo el año pasado no equivale a decir no a la reforma policial o decir sí al status quo.
Consideramos que el mando único, propuesto por el Ejecutivo federal, puede ser útil en materia de coordinación interinstitucional, empero “tiene múltiples inconvenientes”: el principal es que provoca “un divorcio entre el control operativo y el control administrativo de las policías municipales. Ese hecho inevitablemente conduce a disputas entre órdenes de gobierno, como se ha visto recientemente en los estados de Morelos y Nayarit.
Además, obliga a una renovación cada tres años de los convenios entre municipios y estados, lo cual anula una de las supuestas ventajas del mando único: reducir las presiones de las bandas criminales sobre los gobiernos municipales.
Esto porque los presidentes municipales se vuelven blanco de corrupción e intimidación.
Lo anterior pone en evidencia que el mando único propuesto por el gobierno federal es un arreglo estructuralmente inestable y no puede ser la ruta de futuro para el fortalecimiento de las policías.
Recordar que diversos casos, en especial el de la desaparición forzada de normalistas de Ayotzinapa, pusieron al descubierto el contubernio entre policías municipales de Iguala y Cocula con la delincuencia organizada; pero la corrupción también ha permeado en las policías estatales.
El mando único representa el riesgo de una mayor corrupción: Si se corrompe la policía de Iguala, el problema se acota a Iguala. Si se corrompe una policía única en Guerrero, el problema es del estado completo. Cabe recordar que la policía de Iguala tenía un convenio de Mando Único con el gobierno estatal de Chilpancingo cuando participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El 55 por ciento de los 38 mil 698 policías no aprobados en el proceso de control de confianza, pertenecían a policías estatales; a ello se agrega que sólo cinco de 32 instituciones preventivas estatales cuentan con unidades de asuntos internos.
Además, a nivel estatal se registran deficiencias salariales y de capacitación, pues más del 60 por ciento de los policías estatales tienen remuneraciones inferiores a 9 mil pesos, y sus capacidades de prevención y persecución del delito “son bastante limitadas, en algunos casos nulas.