*Acceso a la justicia para personas con discapacidad
En nuestro país se han establecido diversas acciones a fin de eliminar las barreras físicas que limitan la autonomía y el libre paso a distintas instalaciones para personas con discapacidad, pero sigue pendiente efectuar medidas legales que garanticen su acceso a la justicia.
Así como es importante que las personas con esta condición disfruten del derecho de acceso a educación, salud y trabajo, también es necesario que cuenten con los medios para realizar de forma eficaz cualquier trámite jurisdiccional y, en consecuencia, mejoren su calidad de vida y la de sus familias.
De acuerdo con el INEGI, en México 6.6 por ciento de la población tiene algún tipo de discapacidad, de los cuales 2 millones 437 mil 397 personas tienen limitación para caminar o moverse; un millón 292 mil 201, para ver; 401 mil 534, para hablar o comunicarse; y 498 mil 640, para escuchar.
Considerando esos datos, se deben facilitar los medios que garanticen la igualdad y el pleno ejercicio de todos sus derechos.
Los operadores del sistema de justicia tienen la capacidad de incidir para lograr mejoras en el goce efectivo de los derechos de este segmento de la sociedad.
Por ello, propono diversas reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles, al Código de Comercio, al Código Fiscal de la Federación, a la Ley de Concursos Mercantiles, a la Ley del Procedimiento de lo Contencioso Administrativo, a la Ley Federal de Defensoría Pública, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal.
Con estas adecuaciones se busca que los jueces, magistrados y ministros que sustancien cualquier asunto en el que intervengan personas con discapacidad realicen los ajustes razonables a los procedimientos.
Además, se pretende que este sector de la población tenga derecho a contar con los medios tecnológicos o con un intérprete para que comprenda toda la información relativa al proceso de que se trate.
De igual forma, se establece que las personas con alguna limitación deberán recibir la asistencia necesaria que le permita un entendimiento cabal de todas y cada una de las actuaciones.
La incorporación de esas modificaciones a los cuerpos normativos, sin duda facilitará el acceso a la justicia de las personas que padecen alguna discapacidad.