*Instituciones de México convertidas en criminales
La tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa recordó a los mexicanos la fragilidad de nuestra institucionalidad en seguridad, reveló que no hemos completado la construcción del Estado y que enfrentamos la expansión de la violencia criminal con instituciones creadas para el control de los ciudadanos, no para su protección.
Forjar un auténtico Estado de derecho supone reasumir el monopolio de la disuasión, de la coacción y de la pacificación última de los conflictos sociales.
La nueva realidad criminal le disputa al Estado ese monopolio con dinero, armas, control territorial, cobertura institucional y en algunos casos con legitimación social.
Por lo anterior, la tarea del Estado de derecho debe ser el restablecimiento oportuno de un equilibrio entre derechos, que es mucho más que la aplicación de un castigo a una conducta reprobable.
Así, disuasión, efectividad coercitiva y pacificación son los contornos del Estado de derechos que debemos construir. Un Estado de derechos que es impensable en el contexto de impunidad generalizada que provoca la corrupción.
Nuestras policías son pocas, débiles y fragmentadas y el vínculo de confianza entre el ciudadano y las policías simplemente no existe.
Por mucho tiempo hemos tolerado la infiltración del crimen en las instituciones de seguridad y de justicia bajo la lógica del mal menor o la ingenua idea de que es la única vía para mantener cierto control sobre la criminalidad.
Hemos asimilado la razón de Estado por encima de la razón de los derechos, por la debilidad o la ausencia de autoridad.
Por ello me pronuncio por reformar y fortalecer nuestros aparatos de policía para que el Estado se haga presente y eleve los riesgos a quienes pretendan cometer un ilícito.
Debemos aumentar la eficacia del poder coercitivo del Estado, pero no bajo la lógica simplista del castigo, sino bajo el paradigma de la reparación del daño que hace de la víctima el fin último del reproche penal. Debemos dejar de ver a la justicia desde la mirilla de lo penal.
Justicia que pacifica no es sólo la que sanciona un delito, repara un daño, sino la que repone a una madre la custodia de sus hijos, la que corrige el abandono de un niño y le crea un entorno afectivo, la que hace valer un contrato, la que recupera el goce de la propiedad o resuelve el diferendo de convivencia entre vecinos.