En el estado de México ya es alarmante el incremento de asaltos en el transporte público, lo que provoca una situación de terror entre los ciudadanos que salen a cumplir con sus obligaciones por todo el territorio de esa entidad.
Por ello la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno del Estado de México que, por conducto del Secretario de Transporte de la entidad, se establezcan de manera inmediata las acciones necesarias que garanticen seguridad y calidad a los usuarios del transporte público de la entidad.
El dictamen aprobado por el Pleno destaca que se cuenta con un alto registro de controversias y quejas por problemas de violencia de los conductores hacia los pasajeros y otros operadores, inseguridad que se traduce en casos de asaltos a mano armada, feminicidios y acoso sexual.
A esto se suma un alto índice de accidentes: entre enero de 2013 y marzo de 2014 se registró un saldo de 485 heridos y 40 muertos; pese a ello, propietarios y choferes de unidades de transporte no cuentan con seguro.
De las 120 mil unidades que se usan a diario, 20 mil no están regularizadas y por lo menos 20 por ciento tiene más de 10 años de antigüedad.
Además existe una mala planeación del transporte, que obliga a los usuarios a ocupar entre dos y cuatro transportes en sus recorridos, lo que daña severamente la economía familiar si se considera que el costo en las tarifas es muy alto: ocho pesos los primeros cinco kilómetros, a los que se agregan 20 centavos por kilómetro adicional recorrido.
En el caso de los municipios y delegaciones de las zonas metropolitanas, el transporte público representa una gran fuente de ingresos, de ahí la necesidad de ofrecer seguridad y una infraestructura que permita ofrecer calidad en el servicio.