En días pasados el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, asistió al Senado de la República a la reunión plenaria de los senadores perredistas que se disponen, según dicen, a dar la pelea en el Congreso federal en defensa de los intereses de la sociedad que representan.
Ahí se habló de todo, funcionario y legisladores se desgañitaron para hacer notar que buscan el bienestar del pueblo, pero sobre todo hacer mejores leyes con mecanismos que permitan un sistema de justicia más pronta y expedita.
Mancera Espinosa aprovechó para dejar a los senadores su lista de asuntos que requiere sean presentados, analizados y hasta empujados desde el Senado de la República para implementarlos en la ciudad de México, pero como siempre, todo bañado de demagogia.
Y tan bañados de demagogia, que en esa reunión nadie se ocupó de hablar de la gran corrupción con que opera desde hace años la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, donde hay demandas laborales con laudos emitidos a favor de los trabajadores, pero que con antigüedad de 10 años y siguen duermiendo el sueño de los justos en los archivos, pues los actuarios se hacen los desentendidos para evadir la notificación oficial a los patrones.
Esa práctica corrupta es cotidiana en el Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal a cargo de Margarita Darlene Rojas Olvera, con lo que el propio gobierno capitalino, encabezado en este momento por Mancera Espinosa, lejos de velar por los intereses del pueblo, recibe el apoyo de los senadores perredistas para no tocar ni con el pétalo de la ley laboral a los vividores de la JLCyA.
Aquí unos ejemplos: expedientes números 456/08, 269/07, 103/07, 839/05, 502/08, todos ellos radicados en la Junta Especial 6 desde hace 10, 8 y 7 años y con laudo a favor de los trabajadores, sin que se haya notificado a los patrones condenados al pago de indemnizaciones y prestaciones sociales, domiciliados en calle Chimapopoca 38 colonia Obrera, delegación Cuauhtémoc.
Y aun cuando hay muchos casos de estos en casi todas las juntas especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje, ni Mancera ni los senadores se han interesado en abordar el asunto y mucho menos les interesa que los trabajadores que ya ganaron laudos sigan esperando la justicia laboral, mientras los patrones se siguen enriqueciendo.
¿Hasta cuándo se dignificará al Congreso federal para convertirlo en auténtico representante del pueblo?
Están a tiempo señores.