La Secretaría Hacienda dio a conocer el Acuerdo de Certidumbre Tributaria, en el que se afirma que no habrá nuevos impuestos, sólo en el caso de “eventos macroeconómicos sustanciales”, pero el gobierno federal no define a qué se refiere con este concepto, advirtió la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, Dolores Padierna Luna.
A consideración de la legisladora perredista es deseable que existiera una estructura tributaria con la mayor estabilidad posible, pero para que esto sea factible, se requiere que la estructura tributaria tenga las características básicas de proporcionalidad, equidad y suficiencia, de las que carece la actual y que no se lograron a cabalidad con las reformas de 2013, es decir, la estructura tributaria aún tiene muchas imperfecciones que deberían eliminarse para que pueda funcionar adecuadamente por un periodo más o menos largo.
Además, dijo, se requiere que la autoridad opere con los niveles de eficiencia y transparencia que le permitan recaudar lo que potencialmente puede aportar la estructura tributaria. “Está ampliamente documentada la ineficiencia y falta de transparencia con que opera la autoridad recaudadora, parte de la cual se debe a una legislación inadecuada y propiciatoria de la evasión y elusión fiscales”.
A decir de la también integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, es indispensable diseñar la estructura tributaria con una visión de largo plazo que parta de las necesidades del Estado para contar con recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones fundamentales. “Es evidente la falta de vinculación entre las necesidades de gasto y la disponibilidad de recursos”.
“Establecer un ‘pacto fiscal’ en los términos que señala Hacienda -dadas las deficiencias del sistema tributario actual-, representa un importante riesgo, lo que aunado a la incertidumbre sobre el futuro inmediato de la economía, puede ocasionar un serio problema para el financiamiento del gasto público y resta capacidad para aplicar políticas anticíclicas oportunas que permitan mitigar los efectos negativos de una desaceleración o recesión económica. Aunque el pacto prevé modificaciones en el caso de ‘eventos macroeconómicos sustanciales’, el proceso de aprobación e implementación de dichas modificaciones puede llevar demasiado tiempo para que produzcan resultados oportunos”, advirtió.
Padierna Luna recordó que el compromiso de mejorar la eficiencia y transparencia en el gasto público es una obligación constitucional que hasta la fecha no han cumplido las administraciones. “No basta con una declaración retórica y mediática para que se tenga certeza de que ahora si va en serio. Lo que se requiere es de políticas públicas específicas que permitan dar un seguimiento a compromisos concretos, que no ha presentado el Ejecutivo”.
“Las modificaciones al régimen fiscal para el sector energético, que se prevén en la reforma privatizadora aprobada el año pasado, lejos de fortalecer a las empresas públicas, las hacen menos competitivas con respecto a las privadas que se adueñarán del sector.
En el decreto constitucional se establecen dos regímenes fiscales: prácticamente el mismo régimen depredador actual para Pemex y otro más benéfico para las empresas privadas. Por otra parte, si se modificara el régimen de derechos actual aplicado a los hidrocarburos, para dotar de mayores recursos a la paraestatal, tendría un impacto negativo en las finanzas públicas que tendría que sustituirse con otras fuentes de financiamiento, lo que necesariamente implicaría modificaciones a la estructura tributaria, por lo que, en este aspecto el pacto fiscal es contradictorio”, alertó.
La senadora afirmó que sería deseable lograr un balance fiscal de largo plazo. Sin embargo, recordó que éste sólo se puede lograr con base en un sistema tributario suficientemente sólido que permita financiar mayoritariamente las necesidades de gasto con ingresos tributarios (impuestos a la renta y al consumo).
“Para 2014 se prevé que dichas fuentes de financiamiento aporten el 60% del gasto, por lo que subsiste una importante brecha que se pretende cubrir principalmente con los derechos a los hidrocarburos y el endeudamiento, lo que demuestra que la estructura tributaria, aún con las reformas de 2013, es endeble para que se pretenda mantener sin modificaciones”.
“Con el pacto fiscal, la administración de Peña Nieto está apostando a que la economía mantenga niveles de crecimiento de alrededor del 4% durante los próximos años y a que las llamadas ‘reformas estructurales’ den los resultados previstos.
Ambas apuestas tienen un grado de incertidumbre muy alto, por lo que se considera inoportuno el establecimiento de un pacto fiscal como el comentado”, concluyó.