Oficiales de alto rango no sólo reconocieron que las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos durante operativos de seguridad pública y en contra de la delincuencia organizada, sino que además pretenden justificarlas y eso, a todas luces, es inadmisible, expresó en tono tronante la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña Gómez.
Luego de la Audiencia Pública convocada por las comisiones de Justicia, Defensa Nacional, Marina, así como por las tres de Estudios Legislativos, la legisladora del PRD rechazó que la infracción de los derechos humanos sea consecuencia sine qua non del combate efectivo a la delincuencia.
Dijo que sin excepción alguna, los derechos humanos deben ser respetados escrupulosamente en nuestro país, especialmente por las instituciones del Estado y por quienes forman parte de ellas, porque la Constitución así lo mandata y es parte de los compromisos internacionales signados por nuestro país.
Negó que sean "ocasionales" los abusos graves cometidos por militares contra civiles, así lo demuestran las denuncias presentadas ante organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales y reportadas por los medios de comunicación, incluso el propio gobierno de Estados Unidos en su reporte de prácticas de derechos humanos 2013, enviado el día de ayer al Congreso de ese país, apunta su involucramiento en asesinatos extrajudiciales, abusos físicos, tortura y desaparición de personas.
En este sentido recordó el caso Rosendo Radilla Pacheco, por el cual el Estado mexicano fue condenado por violaciones graves a derechos humanos, y consecuentemente las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para el cumplimiento de esta sentencia y de otras sucesivas que se emitan por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2011 determinó restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
"Resultan contradictorias las declaraciones emitidas el día de ayer por un alto oficial de la Marina, con la disposición mostrada por la justicia militar que ha declinado a tribunales civiles los casos en que militares hayan trasgredido derechos humanos a fin de que sean juzgados, aún antes de que se haya concretado la legislación, y también con la postura mostrada durante el más reciente Examen Periódico Universal", externó de la Peña.
La senadora del PRD señaló que el proceso para dictaminar la reforma al Código de Justicia Militar ha sido público y abierto a todas las voces, ya como una práctica de parlamento abierto, para conocer opiniones y propuestas, "porque efectivamente queremos dar certeza jurídica, pero sin consideraciones especiales para alguna institución o grupo, sino para todas y todos los mexicanos", agregó.
"Debemos hacer a un lado la esquizofrenia legislativa, que sólo conduce a paliativos, debemos legislar de manera integral y así construir un nuevo entramado jurídico, acorde a la realidad de nuestro país, armónico con la Constitución y con los instrumentos internacionales de los que somos parte.", apuntó la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.
Estableció que las fuerzas armadas pueden estar seguras de que el Senado de la República no vulnerará la disciplina castrense al reformar el Código de Justicia Militar, al contrario, "no hay mayor disciplina que el respeto irrestricto al marco jurídico fundamental de nuestra Nación, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", concluyó la senadora Angélica de la Peña.