Por negligencia u omisión de la Dirección General y administración, la delincuencia organizada, robo a usuarios, actos vandálicos y otros desmanes van a la alza en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, Metro, y esto es además de alarmante, evidente, luego de que en dos ocasiones en menos de una semana se han escenificado enfrentamientos entre bandas, con resultados lamentables.
Al denunciar la incapacidad del Director del Metro, Francisco Bojorquez Hernández, para corregir estas anomalías, desde la tribuna política más importante de la Ciudad de México, la ALDF el Diputado del GPPAN Jorge Palacios Arroyo, integrante de la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, lamentó que la integridad física de los usuarios del servicio se encuentre en peligro, al quedar rebasada la estrategia de seguridad en las 175 estaciones del Sistema.
Es tan alarmante la situación, insistió, que los grupos delincuenciales en operación hormiga, introducen artefactos explosivos y armas, mientras los policías de la Bancaria e Industrial –que resguardan las instalaciones- carecen de preparación y estrategia para detectar y en su caso decomisar los petardos y menos aun desconocen cómo inhibir los actos violentos y vandálicos.
El panista propuso y se aprobó por unanimidad exigir a los titulares del Metro y a Manuel Mondragón y Kalb, Secretario de Seguridad Pública, implementar operativos permanentes, con personal capacitado para frenar esta ilícita actitud de grupos de choque, de jovenzuelos desadaptados y agresores.
Palacios Arroyo describió que debe hacerse “algo” para actuar ya que desde las redes sociales grupos porriles convocan a sus seguidores para reunirse en determinada estación del Metro y desde ahí actuar a lo largo de las 175 estaciones agrediendo a pasajeros, grupos rivales, y en la más pura irresponsabilidad suben a los vagones con tubos, cadenas, palos, petardos, chacos, sin que el personal de seguridad del STC/Metro lo noten y decomisen.
Finalmente aseguró que no se puede poner en riesgo la vida de millones de usuarios del servicio por la negligencia, incapacidad u omisión de las autoridades y cuerpos de policía.