La Ciudad de México es ejemplo nacional en la utilización de tecnología para inhibir, vigilar y reducir los índices de delincuencia en las calles. La instalación de más de 8 mil cámaras que graban incidencia en vía pública y espacios colectivos permiten estar alertas para enfrentar otro tipo de riesgos como los sísmicos, incendios, manifestaciones, bloqueos y todo lo que altere la tranquilidad social.
Todo lo anterior no es casual o improvisado, sino el resultado de la aprobación en la ALDF, de la Ley que Regula el Uso de la Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal que autorizó a la Secretaría de Seguridad Pública, instalar equipos y sistemas tecnológicos que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas ilícitas y garantizar el orden y tranquilidad de los capitalinos.
Al respecto la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, dispuso que la policía metropolitana tiene la obligación de ubicar las video cámaras con criterios y prioridades establecidos en la Ley.
El Vicepresidente de la Comisión, Diputado del GPPAN, Carlo Pizano Salinas recordó que en el precepto se establece la prohibición de colocar equipos y sistemas tecnológicos dentro de domicilios particulares o utilizarlo con el propósito de obtener información personal o familiar, por parte de la SSP
Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos tecnológicos fijos en bienes de dominio público o bienes del dominio privado del Gobierno del Distrito Federal.
El legislador panista explicó que para la instalación en cualquier otro sitio, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del inmueble.
Para la optima operación, la Ley obligó a la SSP emitir el reglamento respectivo en donde estipula la prohibición de colocar cualquier tipo de propaganda lona, manta, cartel, espectacular, estructura u objetos varios frente a las cámaras que obstaculice e impida la toma de imágenes. Nadie, salvo expresa autorización de la ALDF, podrá retirar de su posición los aparatos, insistió el representante popular.
Cabe señalar que una vez entrada en vigencia esta disposición, las cifras sobre la incidencia delictiva han bajado, pues las grabaciones son consideradas pruebas contundentes en la investigación de un delito, incidente, alteración del orden, etc.