La Diputación Permanente de la ALDF, pidió a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez, informar los avances de la averiguación previa y estado que guarda la vista que mandó dar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre la nulidad de la marca de la Feria Internacional de Turismo de las Américas (FITA), registrada en favor de un particular.

 

En un Punto de Acuerdo presentado por el Diputado del GPPRI, Cristian Vargas Sánchez,  se pide a la PGR realizar el aseguramiento de la marca FITA, como un bien intangible que pertenece al GDF. Ello para resguardar debidamente la integridad jurídica del Distrito Federal y que la averiguación previa FCH/CUH-7/T3/282/12-01 se atraiga a la competencia federal.

En la Iniciativa se exhorta al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a hacer valer la normatividad y ejecutar las medidas provisionales para prevenir o cesar la violación a los derechos de propiedad industrial, y previo trámite de ley imponer las sanciones correspondientes a quines resulten responsables. Se pide resolver los recursos legales interpuestos por la Secretaría de Turismo local para determinar la titularidad de la Feria.

Cristian Vargas pidió al titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida,  remitir a la Asamblea Legislativa la información sobre el grado de avance de esta averiguación previa.

Al Jefe de Gobierno anunciar  la suspensión de la FITA hasta en tanto no se esclarezcan los acontecimientos y las denuncias presentadas al respecto.

El legislador priísta exhortó a las autoridades federales y locales llevar a cabo las acciones necesarias para el deslinde de responsabilidades a servidores públicos y particulares que resulten con imputabilidad de los hechos.

Vargas Sánchez recordó que en 2010 y 2011 se realizó la FITA y se prevé para este año en septiembre, con subsidio del gobierno capitalino por 10 millones de pesos a la empresa RCM Global Trade SA de CV. Sin embargo, precisó, la empresa está demandada administrativa y penalmente ante diversas instancias judiciales, pues de “motu propio” se adjudicó los derechos de la Feria.